Santo Domingo. — El presidente de la Fundación Foro Cívico y Social y del Frente Cívico y Social, Dr. Isaías Ramos, advirtió que la falta de ejecución efectiva de la sentencia TC/0788/24 por parte de la Junta Central Electoral (JCE) podría comprometer la validez constitucional de las elecciones de 2028, generando riesgos de nulidad, judicialización y una posible crisis de gobernabilidad.
Ramos sostuvo que la Constitución dominicana no admite pausas ni conveniencias políticas frente a decisiones del Tribunal Constitucional, las cuales —recordó— son definitivas y vinculantes para todos los órganos del Estado, conforme al artículo 184 de la Carta Magna.
“El artículo 6 es claro: todo acto contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho. Cuando el Tribunal Constitucional fija un estándar, el Estado no lo debate: lo ejecuta”, afirmó.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social, Ramos explicó que la sentencia TC/0788/24 no fue una recomendación, sino una corrección constitucional obligatoria, mediante la cual el Tribunal declaró inconstitucional un régimen que hacía inviable la figura de las candidaturas independientes y estableció parámetros para una regulación compatible con la Constitución.
“A partir de esa decisión, el debate dejó de ser si se quiere permitir la participación independiente y pasó a ser cómo se implementa un mandato que ya es constitucionalmente exigible”, señaló.
El dirigente cívico calificó como jurídicamente frágil y políticamente riesgoso el argumento de que la JCE deba “esperar al Congreso” para actuar. Indicó que la omisión legislativa no suspende la Constitución ni puede convertirse en un veto de facto a los derechos políticos de la ciudadanía.
Recordó que la Constitución atribuye a la JCE la organización y supervisión de los procesos electorales, así como facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia, lo que le permite hacer operativo el estándar constitucional vigente sin sustituir al Congreso.
“No se le pide a la JCE que legisle, sino que cumpla su función constitucional: establecer procedimientos claros y razonables que permitan el ejercicio del derecho y, al mismo tiempo, garanticen la integridad del proceso electoral”, expresó.
Ramos advirtió que no habilitar un canal operativo para la aplicación del precedente constitucional puede derivar en impugnaciones y nulidades que afecten actos esenciales del proceso electoral, como la inscripción de candidaturas y la conformación de las boletas.
“El riesgo es llegar a 2028 con exclusiones estructurales y correctivos judiciales tardíos, cuando ya haya boletas impresas o resultados proclamados. Eso pone en juego la legitimidad del mandato y la estabilidad democrática”, alertó.
Finalmente, sostuvo que la salida responsable está sobre la mesa: la adopción por parte de la JCE de un reglamento transitorio, con procedimientos claros, plazos definidos, verificación proporcional y garantías de debido proceso.
“Cumplir la Constitución fortalece el sistema electoral y protege la democracia. Dilatar o negar ese cumplimiento abre la puerta a una crisis que el país no necesita”, concluyó.
