SANTO DOMINGO.- Este martes fue presentada la publicación “Un presupuesto sin pacto”, un análisis que evidencia que el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 prioriza el equilibrio macroeconómico sin abrir espacio para la justicia fiscal, la redistribución del crecimiento ni el fortalecimiento de un Estado social capaz de garantizar derechos.
Según Rosa Cañete Alonso, economista y autora del estudio, hablar de política fiscal es hablar de derechos. Sin embargo, el presupuesto vuelve a presentarse como un ejercicio centrado en ajustar cifras sin responder a las preguntas esenciales: ¿cuáles son las prioridades del país?, ¿qué Estado queremos?, ¿quién paga y quién se beneficia? “Un presupuesto sin un Pacto Fiscal poco puede hacer para fortalecer la legitimidad del Estado y convertirse en un instrumento de desarrollo”, señaló.
El estudio advierte que República Dominicana permanece atrapada en un “bucle fiscal”, caracterizado por ingresos estancados, gasto creciente e ineficiente y un déficit crónico que se retroalimenta. Desde 2020, “los ingresos corrientes ya ni siquiera alcanzan a cubrir los gastos corrientes”, lo que ha abierto un déficit primario desconocido antes en la historia reciente del país. El Estado ya no se endeuda para invertir, sino para pagar gastos cotidianos, una señal clara de deterioro estructural.
La publicación sostiene que recaudar más no bastará si no se gasta mejor. La calidad del gasto público continúa limitada por rigideces, clientelismo e ineficiencias que impiden transformar recursos en derechos efectivos.
El documento también pone el foco en otra carga estructural: la nómina pública. Entre 2005 y 2025, el empleo estatal se triplicó, creciendo un 61 % entre 2005–2012, un 73 % entre 2012–2019 y un 18 % adicional entre 2020 y 2025. En 2026, la nómina asciende al 5.53 % del PIB, el 34 % de todo el presupuesto nacional.
Rosa Cañete la economista y autora del informe plantea que “el problema no radica en el número de empleados públicos en sí mismo. Un aparato estatal más grande no es negativo si se traduce en servicios públicos más accesibles, eficientes y de calidad. El verdadero problema surge cuando ese crecimiento no responde a necesidades institucionales ni a mejoras en la calidad del servicio, sino a criterios políticos y clientelares.”
El informe señala que no tiene sentido hablar de pacto fiscal sin reforma institucional: recaudar más sin gastar mejor solo profundiza el problema estructural. En el presupuesto 2026, el presupuesto de la Presidencia asciende a RD$130,000 millones, el tercero más alto del país, superando el presupuesto conjunto de 12 ministerios más la Procuraduría. La Presidencia maneja más de 20 subprogramas y unidades ejecutoras, muchos con funciones fuera de su mandato. Aunque en 2021 se ordenó revisar el sector social a través del Decreto 497-21, la reforma nunca se concretó.
Entre los elementos más preocupantes se encuentra el elevado servicio de la deuda, que en 2026 consumirá uno de cada cinco pesos presupuestados.
La autora subraya la urgencia de revisar exenciones fiscales de las cuales el 55% son a empresas y no se evalúan sus resultados, profesionalizar la administración pública y reorientar los recursos hacia inversión productiva y social.
“El presupuesto debe dejar de ser un ritual técnico de estabilidad macroeconómica para convertirse en una herramienta de justicia fiscal, desarrollo y democracia”, afirmó.
El consumo de los hogares sostiene la mayor parte de la recaudación, mientras que las grandes rentas y patrimonios aportan proporcionalmente menos, en un país las 100 mil personas más ricas del país concentran más ingresos que los 8 millones de personas restantes que presenta los mayores niveles de concentración del ingreso en el 1 % más rico de América Latina.
Para Cañete, definir prioridades colectivamente es indispensable para legitimar una reforma tributaria progresiva y construir un sistema más justo.
Durante la presentación, Ricardo González, del Movimiento por una Justicia Fiscal, destacó que el país no puede seguir discutiendo presupuestos sin avanzar hacia un pacto fiscal que redistribuya cargas, elimine privilegios y ponga los derechos de la ciudadanía en el centro.
“El Congreso no ha abierto vistas públicas para escuchar a la ciudadanía, hemos solicitado cita a la Comisión Bicameral del Congreso y aún no hemos recibido respuesta. Un presupuesto sin pacto fiscal y sin participación social será más de lo mismo. Quienes sostienen al país con sus impuestos deben tener voz en cómo se estructura el sistema”, expresó.
Esta publicación se enmarca en las iniciativas del Movimiento Justicia Fiscal, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil que, durante la actividad, reiteraron la necesidad de que cualquier cambio fiscal se construya de manera transparente, participativa e inclusiva, y demandaron que el pacto fiscal incorpore criterios de equidad y justicia tributaria que permitan reducir desigualdades y recuperar la legitimidad del Estado.
Para ampliar la información y conocer los hallazgos completos del análisis, te invitamos a consultar el documento aquí:https://bit.ly/presupuestosinpacto
