SANTO DOMINGO.-El inversionista extranjero Antonio Carbone afirmó que el expediente del caso Calamar, en el que Sergio Moya (Gory) figura como el encargado de la red de cobros a bancas ilegales, es una muestra de que el actual legislador no puede ser candidato a ese cargo.
En ese sentido, el empresario solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) fallar con relación al recurso de oposición presentado el pasado 2 de mayo ante ese organismo, con el que busca impedir que Moya, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), participe como candidato a diputado por la circunscripción 3 del Distrito Nacional en los comicios de este domingo 19 de mayo.
"El legislador está para representar a la población que lo elige en el Congreso Nacional, que es donde se crean las leyes, y considero que en las actuales circunstancias Gory no puede representar a nadie", precisó Carbone.
De igual forma, manifestó que sus ausencias a las sesiones de la Cámara de Diputados evidencian que Sergio Moya busca permanecer en el cargo para escudarse en su inmunidad parlamentaria.
Dijo que espera que el TSE tome una decisión sabia y ordene antes del domingo que la candidatura de Gory sea invalidada.
Sobre el recurso
La solicitud fue realizada a través de los abogados Ysmael Molina Carrasco y Jafet Y. Sánchez Mercado, quienes la dirigieron al presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y a los jueces titulares Juan Alfredo Biaggi Lama, Rosa Pérez de García, Pedro Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz.
El pedimento se fundamenta en varias acusaciones penales contra Moya de la Cruz, incluyendo su implicación en el caso Calamar, donde el Ministerio Público lo acusa de asociación de malhechores junto a ministros y otros funcionarios del pasado gobierno.
Además, el recurso contiene una denuncia pública por supuesta corrupción presentada contra Moya y 126 imputados más por alegados delitos de abuso de poder, chantaje, extorsión, falsedad de expedientes, asociación de malhechores y robo agravado, relacionados con el robo y estafa de un patrimonio superior a 580 millones de dólares perteneciente a la Familia Carbone.
Los abogados también notificaron al TSE una querella penal contra el legislador y otros 126 imputados por violaciones al Código Penal dominicano, como asociación de malhechores, estafa y falsificación de documentos.
La solicitud incluye, además, una denuncia pública de corrupción del 26 de abril contra Moya y funcionarios del Ministerio Público por abuso de poder, extorsión, falsedad, asociación de malhechores y robo agravado, por transferir bienes de Carbone en violación a dos sentencias definitivas e inamovibles del Tribunal Constitucional que ratifican órdenes de inmovilización de fondos sobre esos patrimonios.
Como pruebas, se anexan la declaración jurada de patrimonio de Sergio Moya de 2016, donde supuestamente declaró como propios bienes presuntamente robados y estafados a los Carbone a través de varias empresas, violando la Ley 41-08 sobre Función Pública en 13 ocasiones.
También se incluyen contratos de compraventa y transferencias bancarias que involucran a Moya, su hermano Juan Moya y supuestos testaferros con la adquisición de bienes como Solución Sport, bancas deportivas, el edificio Unicorp y otros presuntamente provenientes del patrimonio de la familia Carbone.
Antonio Carbone insta al Tribunal a considerar el retiro de la candidatura del actual congresista, advirtiendo que está listo para proceder penal y civilmente contra todos los cómplices si no se anula su postulación, catalogando estos hechos como "inaceptables en países democráticos".
