SANTO DOMINGO.-La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) manifestó su preocupación por la aprobación en única lectura, por parte del Senado, del proyecto de modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, el cual fue remitido al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
En un encuentro en la Torre AIRD, encabezado por la presidenta interina de Ecored, Christy Luciano y otros miembros del consejo directivo, cuestionó que el proyecto aprobado carece de ajustes técnicos fundamentales y representa un retroceso para la sostenibilidad, la transparencia institucional y la participación del sector privado, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
En este encuentro, participaron, además, representantes de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona).
“La ley aprobada debilita pilares de la economía circular, abre la puerta a monopolio funcionales y establece contribuciones tributarias sin estudios financieros”, afirmó Luciano y citó entre los puntos más críticos un esquema de contribución basado exclusivamente en los ingresos brutos, sin tomar en cuenta la cantidad de residuos generados ni los esfuerzos de valorización, lo que penaliza injustamente a las MiPymes.
Dijo que Ecored también advirtió sobre el riesgo de conflictos de interés con la incorporación de la Asociación de Gestores al Consejo del Fideicomiso DO Sostenible, lo que, según expresó Luciano, “implica que actores con interés económico directo tengan poder de decisión, atentando contra la institucionalidad y la transparencia del sistema”.
Otra preocupación señalada por la presidenta de Ecored fue el potencial cierre de oportunidades a nuevos emprendimientos y el favorecimiento de monopolios funcionales, mediante renovaciones automáticas de contratos y exclusividad de operadores, lo cual restringe la libre competencia y debilita la innovación en el manejo de residuos.
Luciano explicó que la ley también limita la posibilidad de que empresas privadas valoricen directamente sus residuos, contradiciendo los principios de eficiencia y simbiosis industrial. “Además, se mantienen vacíos técnicos en torno a las estaciones de transferencia y no se exige licitación pública para la asignación de contratos clave, lo que abre la puerta a decisiones discrecionales”, puntualizó.
Ecored participó activamente en espacios de consulta técnica a lo largo de 2025, incluyendo reuniones con las comisiones especiales que estudiaron la pieza legislativa en el Congreso Nacional. Sin embargo, gran parte de sus recomendaciones no fueron acogidas.
Entre sus propuestas aún pendientes se destacan:
• Que la contribución especial esté respaldada de estudios fiscales o financieros y se determine en función de los ingresos netos y no en los ingresos brutos
• Que se apliquen mecanismos de contratación abiertos y competitivos, conforme a la Ley de Compras y Contrataciones; y que los contratos de operación entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores autorizados de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y plantas de valorización, tengan vigencia de tres a cinco años, y no de 10 años, como está actualmente.
• Crear mecanismos de veeduría multisectorial con participación de la academia, ONGs y sector privado, para garantizar transparencia en la asignación de permisos y contratos a través de los ayuntamientos
• Que se promueva la valorización, el reciclaje y el aprovechamiento de residuos como motores de desarrollo sostenible y transformación industrial.
• Incluir un representante de Codopyme en el Consejo del Fideicomiso para garantizar una representación equitativa.
Finalmente, Ecored reiteró su llamado al Poder Ejecutivo para que revise detenidamente esta ley antes de su promulgación. “Nuestro país necesita una legislación moderna, técnicamente sólida y justa, que fortalezca la economía circular, fomente la competencia leal y garantice una gestión ambientalmente responsable”, concluyó Luciano.
En el encuentro con los medios, participaron, representantes de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona).
