SANTO DOMINGO.-La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) advirtió que el proyecto de modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, actualmente en discusión, representa una amenaza directa y letal para la sostenibilidad de más de un millón de Mipymes en todo el país.
“El proyecto, tal como está redactado, impone cargas económicas excesivas, fomenta monopolios en la gestión de residuos y excluye por completo a las Mipymes de los procesos de decisión sobre fondos públicos que ellas mismas deberán financiar”, declaró Codopyme.
Entre las preocupaciones señaladas por el gremio se encuentran un aumento desproporcionado en la contribución especial sin estudios técnicos ni capacidad de pago del sector. Inobservando la existente ley 187-17 de clasificación empresarial. Además, La prohibición de autogestión de residuos por parte de pequeñas empresas, limitando iniciativas comunitarias o alianzas como NUVI.
Llama a preocupación, además, la creación de un fideicomiso público controlado por operadores privados, sin representación de las MIPYMES, así como la imposición de un único relleno sanitario por provincia y una sola planta de valorización por región, promoviendo prácticas monopólicas que perjudican a los pequeños actores.
“Esto no es una mejora técnica: es una embestida económica. El Congreso debe saber que si aprueba este proyecto en su forma actual, estará firmando la sentencia de quiebra para miles de pequeñas y medianas empresas que ya operan en condiciones adversas, con alta carga impositiva y escaso acceso a financiamiento”, sostuvo Codopyme.
La organización reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió que no respaldará ninguna legislación que excluya a las Mipymes de los procesos y que no contemple una estructura de costos proporcional y realista.
“No puede haber sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica. Y no puede haber desarrollo nacional si el 98% del tejido empresarial colapsa por decisiones mal diseñadas.”
Codopyme exhorta a los legisladores a detener el proceso de aprobación y abrir un espacio técnico de revisión con participación activa del sector Mipyme, antes de agravar la ya crítica situación de miles de emprendedores, manufactureros, comerciantes y pequeños empresarios en todo el país.
