ESTADOS UNIDOS.-El gobierno de Estados Unidos inició este miércoles un nuevo cierre tras el fracaso en el Congreso para aprobar un presupuesto antes del plazo legal.
La falta de consenso entre demócratas y republicanos paralizó gran parte del aparato estatal y dejó en suspenso la continuidad laboral de cientos de miles de empleados federales. Las consecuencias ya se hacen sentir en agencias de todo el país, en la provisión de servicios públicos y en el clima de inestabilidad política en Washington.
Negociaciones fallidas y condiciones impuestas
El desencadenante fue el estancamiento en las negociaciones entre republicanos y demócratas. Los legisladores opositores presentaron una propuesta de emergencia para mantener abierto el gobierno hasta el 21 de noviembre, pero el bloque oficialista condicionó su apoyo a la reversión de recortes recientes en Medicaid y a la extensión de subsidios de salud contemplados en la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare).
Tales demandas no fueron aceptadas por el liderazgo republicano, que rechazó negociar modificaciones al proyecto. Como resultado, no hubo acuerdo y la Cámara Baja no prevé nuevas votaciones en los próximos días.
Empleados federales suspendidos y tareas consideradas esenciales
La consecuencia inmediata es la suspensión temporal de unos 750.000 empleados federales, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Estos trabajadores fueron retirados de sus funciones y no percibirán su salario hasta que se alcance un nuevo acuerdo presupuestario. Solo quedan exentos quienes desempeñan tareas consideradas esenciales, como protección civil, defensa, control aéreo e inmigración, quienes deben presentarse a trabajar aunque no cobren hasta después del cierre.
El mensaje de la Casa Blanca y las posiciones políticas
El presidente Donald Trump minimizó el impacto del cierre, afirmando que “pueden salir cosas buenas de los cierres”, y anticipó que utilizará el periodo para “eliminar cosas innecesarias, en especial iniciativas apoyadas por los demócratas”.
La duración del cierre es incierta. El antecedente más reciente se produjo entre 2018 y 2019, cuando el gobierno permaneció paralizado durante 34 días, afectando los salarios de 800.000 empleados y acarreando retrasos en servicios federales de todo tipo. En 1995, bajo la presidencia de Bill Clinton, el cierre se extendió por 21 días debido a desacuerdos sobre el financiamiento de programas sociales.
En términos prácticos, la administración pública se divide entre empleados exentos y no exentos. Los primeros, considerados imprescindibles para la protección de la vida y la propiedad, deben continuar en funciones, aunque no reciban pago hasta el final del cierre. Los segundos, sin tareas críticas asignadas, son suspendidos sin goce de sueldo.
