SANTO DOMINGO. – El presidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores (Asodagrim), Victor Torres Rosa, junto a la junta directiva nacional, lamenta profundamente la imposibilidad de llevar a cabo un encuentro programado con las autoridades del Registro Inmobiliario para discutir asuntos de vital importancia para el gremio de agrimensores y el desarrollo del país.
La Asodagrim, en su compromiso constante con la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrentan los agrimensores dominicanos, ha trabajado arduamente en la gestión de diálogos constructivos.
Lamentablemente, la falta de participación por parte de las autoridades correspondientes ha resultado en un estancamiento que afecta de manera significativa el sistema inmobiliario y, en última instancia, el crecimiento económico de la nación.
Entre las dificultades técnicas y demoras que aquejan el ejercicio profesional de los agrimensores se encuentran:
- Procesos que deberían durar entre 45 y 60 días extendiéndose hasta 120 días.
- Inoperatividad prolongada del precontrol, con más de un mes sin funcionar.
- Limitaciones en el proceso de actualización de mensura y deslinde, dificultando la carga de planos generales.
- Fallas en la generación de oficios de observaciones en la Oficina Virtual nueva, obligando a recurrir al uso de la versión anterior.
- Restricción del acceso a la documentación pública del catastro.
- Desacuerdo entre Mensuras Catastrales y Registro de Títulos en la presentación de documentaciones y vigencias de certificaciones, generando obstáculos técnicos.
Estas dificultades técnicas y dilaciones en los procesos están ocasionando pérdidas que ascienden a más de 400 millones de pesos para el Estado dominicano, lo que incide de manera negativa en el desarrollo y bienestar de la nación.
La Asodagrim reiteró su llamado a las autoridades competentes para que se aborde de manera urgente y efectiva esta problemática, buscando soluciones que garanticen la agilidad y eficiencia en los procedimientos del sector inmobiliario.
Es fundamental trabajar en conjunto para superar estos obstáculos y promover un entorno propicio para el desarrollo económico y la seguridad jurídica en la República Dominicana.
