SANTO DOMINGO.-En momentos en que se discute la modificación de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), considera que esta es una oportunidad clave para establecer mecanismos que fortalezcan la transparencia y garanticen una gestión eficiente de los desechos sólidos en el país.
Consultado al respecto, el presidente de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, expuso que el sector de la recogida y disposición final de la basura ha estado tradicionalmente marcado por la falta de claridad en los contratos y la opacidad en el uso de los recursos destinados a su manejo. “Y por ello se hace necesario que el Congreso de la República profundice en la aprobación de una normativa que finalmente establezca de manera clara cuál debe ser el cargo a aplicar a los que se benefician del negocio y sobre todo a aquellos que producen mayores cantidades de desechos sólidos y que deben pagar no solamente por la disposición final de ellos, sino por el daño que causan al medio ambiente”, expresó De la Rosa.
Sostuvo que los desechos sólidos deben manejarse con la debida transparencia para que se pueda saber con precisión qué finalmente se hace con los recursos y “sobre todo que podamos tener un ambiente sano como resultado de la responsabilidad de cada una de las instituciones que intervienen en la responsabilidad de los desechos sólidos”.
Manifestó que la actual discusión en el Congreso es oportuna para mejorar la gestión de los residuos sólidos y establecer un marco regulador más robusto. “Y por ello creo que debe abocarse a la aprobación de una ley en donde se establezca con precisión la rendición de cuentas y, sobre todo, cuál sería la disposición final de los recursos que se van a obtener a través de los impuestos a las empresas que generan desechos y, sobre todo, cuál sería el papel a jugar por los ayuntamientos que tienen la responsabilidad de la recogida y disposición final de los desechos sólidos, qué van a hacer con estos recursos. Y por eso creo que una legislación pudiera establecer de manera clara que la población conozca de qué se hacen con los mismos”, expuso.
De la Rosa consideró que la legislación también debe contemplar un esquema más riguroso donde se especifique con claridad el pago de las empresas que generan grandes volúmenes de desechos. “El que más ensucia debe pagar más, porque es lo que va a permitir que los ayuntamientos puedan tener las recaudaciones para enfrentar el pasivo que constituye la creación o la producción de desechos sólidos”, manifestó.
