SANTO DOMINGO.- El abogado Oliver Batía, representante de la Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR), respondió al Contralor General, Félix Santana García, reafirmando que esa institución adeuda más de RD$300 millones por incentivos de rendimiento individual correspondiente a los años 2020 al 2025.
En respuesta a las declaraciones del Contralor General de la República, sobre la supuesta inexistencia de deudas por concepto de Incentivos de Rendimiento Individual a los empleados de carrera administrativa, el abogado representante de la citada Asociación reiteró la negativa del Contralor a pagar esos incentivos es la base de la demanda incoada por RD$580 millones en daños y perjuicios a 580 servidores de Carrera Administrativa.
“A raíz de las declaraciones dadas por el Contralor de la República, sobre el hecho de que ellos están al día en el pago a los servidores públicos de carrera de la Contraloría General de la República, no es cierto, toda vez que nosotros no estamos reclamando el Bono por Desempeño del Servidor Público de Carrera; nosotros estamos reclamando por Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR), lo que se está reclamando es el pago del Incentivos de Rendimiento Individual”, explicó Batía.
El jurista recordó que estos derechos están avalados por las resoluciones No. 100-2018, No. 041-2020 y No. 008-25 del MAP, así como el Decreto 523-09, que en su artículo 26, reconoce expresamente el derecho de los servidores públicos a recibir estímulos e incentivos materiales y morales.
En igual sentido, el Decreto 527-09 ordena que la política salarial del Estado se base en el mérito y en la evaluación del desempeño, estableciendo que los incentivos forman parte de la estructura retributiva oficial y deben responder a un diseño formal aprobado por el Ministerio de Administración Pública.
“Esas resoluciones especifican que existen tres bonos diferentes, está el de rendimiento individual, el bono de carrera y el bono colectivo que establece el SISMAP, de manera indistinta como establecen las resoluciones citadas, la ley 41-08 y sus respectivos reglamentos”.
En virtud de lo anterior, la ASP-CGR rechaza categóricamente la afirmación de que no existe deuda, pues los registros internos y testimonios de los propios servidores evidencian la ausencia de pagos correspondientes a seis años consecutivos. Este incumplimiento, añadió el abogado, es acumulativo y afecta tanto el patrimonio de los empleados como el respeto institucional por la carrera administrativa.
“Queremos resaltar que el contralor se ha tomado las atribuciones de suprimirles ese derecho a los Servidores Públicos de Carrera, supuestamente para hacer un equilibrio entre los otros servidores públicos y yo le pregunto, ¿Cuál sería el beneficio que tendrían esos Servidores Públicos de Carrera”? ¡Concluyó!
