SANTO DOMINGO.-El vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), José Hoepelman, rechazó el proyecto de ley que establece un régimen especial para determinar o reconstruir la identidad y regularizar la documentación personal.
Advirtió que la propuesta podría convertirse en un instrumento de impunidad y obstaculizar las deportaciones, “afectando los mecanismos institucionales de protección de la identidad nacional”.
El dirigente reformista sostuvo que la defensa de la soberanía también depende del cumplimiento de las leyes y de la integridad del Registro Civil.
“De poco sirve proteger nuestras fronteras territoriales si permitimos que se debiliten los mecanismos legales que determinan quiénes somos y quiénes tienen derecho a ser reconocidos como nacionales dominicanos”, manifestó.
Hoepelman señaló que los artículos 21 y 23 del proyecto permitirían presentar solicitudes electrónicas de regularización sin exigir necesariamente una instancia formal, asistencia profesional ni todos los documentos que respalden la identidad declarada.
Añadió que el artículo 55 obligaría a la Junta Central Electoral (JCE) a emitir una constancia oficial sobre la existencia del expediente y el estado de su tramitación.
El vicepresidente del PRSC cuestionó las consecuencias de recibir miles de peticiones basadas en declaraciones pendientes de verificación y entregar constancias de esos trámites.
“El Estado tendría que recibirlas, abrir los expedientes correspondientes y expedir constancias oficiales de su tramitación”, agregó, al tiempo que se preguntó: ¿Estamos conscientes de las consecuencias que podría tener semejante mecanismo en un país que enfrenta importantes desafíos de control migratorio y de integridad documental?”.
Advirtió que estas constancias podrían ser utilizadas por extranjeros en situación migratoria irregular para intentar obstaculizar procedimientos de deportación, invocando la existencia de una solicitud pendiente ante la Junta Central Electoral.
Siguió diciendo que aunque una constancia de trámite no constituye por sí misma un permiso migratorio ni suspende legalmente una deportación, “podría utilizarse para promover incidentes y reclamaciones destinados a retrasar la ejecución de las decisiones migratorias”.
Una ley concebida para resolver irregularidades documentales -prosiguió-, no debe terminar ofreciendo una herramienta procesal a quienes pretendan eludir los controles del Estado.
Asimismo, manifestó preocupación por la posibilidad de que los procedimientos extraordinarios de reconstrucción de identidad permitan preservar determinados efectos jurídicos derivados de documentos obtenidos mediante falsedades, irregularidades o suplantaciones, aun cuando el proyecto establezca que tales procedimientos no convalidan automáticamente actuaciones ilícitas.
“Una cosa es proteger a un ciudadano dominicano cuya identidad legítima ha sido afectada por una irregularidad administrativa o una suplantación, y otra muy distinta es crear un régimen extraordinario que pueda ser aprovechado por quienes utilizaron documentación falsa para construir una apariencia de legalidad”, expresó.
Hoepelman indicó, en ese sentido, que la primera situación exige protección del Estado, “y la segunda exige investigación y determinación de responsabilidades”.
El vicepresidente del PRSC vinculó estas preocupaciones con el pensamiento histórico de Joaquín Balaguer, principal referente doctrinal del reformismo, cuya obra “La isla al revés” aborda la diferenciación histórica de los pueblos que comparten la isla y la preservación de la identidad nacional.
Finalmente dijo que esa reflexión histórica obliga a examinar con especial responsabilidad las consecuencias institucionales de cualquier legislación relacionada con la identificación de las personas.
