SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), dirigida por el doctor Rodolfo Valentín Santos, presentó en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, un documento que expone los principales desafíos del sistema penitenciario dominicano, con especial preocupación por el aumento de la prisión preventiva y el persistente hacinamiento en los centros de reclusión del país.
Durante la presentación, el director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, expresó su preocupación por el incremento sostenido de la prisión preventiva, una situación que continúa impactando negativamente la capacidad del sistema penitenciario para garantizar condiciones dignas de internamiento.
“La prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla”, afirmó.
Según el informe, al cierre de 2025 la población penitenciaria nacional ascendía a 23,270 personas privadas de libertad, de las cuales 15,025 permanecían bajo prisión preventiva, equivalente al 64.57 %, mientras que 8,156 internos (35.43 %) cumplían condenas definitivas. Esta cifra representa uno de los niveles más altos registrados en los últimos años y evidencia el uso persistente de esta medida cautelar más allá de su carácter excepcional.
El informe también revela que la población penitenciaria continúa siendo predominantemente masculina, con 22,563 hombres (96.96 %) y 707 mujeres (3.04 %) privadas de libertad. La Defensa Pública señaló que, aunque las mujeres representan una minoría dentro del sistema, sus necesidades requieren políticas diferenciadas conforme a las Reglas de Bangkok, así como una atención especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal, de acuerdo con las Reglas de Beijing.
Hacinamiento supera la capacidad de las cárceles
La capacidad instalada del sistema penitenciario dominicano es de 16,357 plazas, mientras que la población recluida alcanza las 23,270 personas, lo que representa una ocupación de 142.26 % y un excedente de 6,913 internos sobre la capacidad real de los recintos penitenciarios.
En otras palabras, las cárceles del país albergan un 42.26 % más de personas de las que están diseñadas para recibir, una situación que agrava las condiciones de vida de los internos y dificulta la gestión penitenciaria.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles, explicó que, como consecuencia de esta realidad, numerosos privados de libertad continúan durmiendo en el suelo, en pasillos, debajo de camarotes y en estructuras improvisadas conocidas como “goletas”.
Condiciones críticas en cárceles preventivas
El informe también documenta importantes deficiencias en los servicios de salud, falta de medicamentos y equipos médicos, limitaciones en la atención de la salud mental, carencias alimentarias y escasez de vehículos para realizar traslados judiciales y hospitalarios.
Asimismo, califica como preocupante la situación de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, donde fueron identificados problemas de insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas.
Avances que merecen reconocimiento
No obstante, la Defensa Pública reconoció importantes avances, entre ellos el proceso de cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, la construcción de nuevos centros penitenciarios y el fortalecimiento de programas educativos y de capacitación para la población privada de libertad.
También destacó las gestiones encaminadas a la construcción de un nuevo centro para adolescentes en conflicto con la ley penal en La Vega, destinado a garantizar mejores condiciones de atención y protección integral.
Llamado a fortalecer la reforma penitenciaria
La Oficina Nacional de Defensa Pública reiteró que el propósito del informe no es únicamente señalar deficiencias, sino contribuir con propuestas que impulsen la transformación del sistema penitenciario nacional.
Valentín Santos, afirmó que las cifras evidencian la necesidad de profundizar la reforma penitenciaria y fortalecer las políticas públicas destinadas a reducir el hacinamiento, garantizar el uso excepcional de la prisión preventiva y asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana y los estándares internacionales de derechos humanos.
“La forma en que una sociedad trata a las personas privadas de libertad es un reflejo de su compromiso con la dignidad humana, la justicia y el Estado de derecho”, concluyó el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos.
