SANTO DOMINGO.- El periodista y abogado Pedro Jiménez cuestionó el manejo de los procesos judiciales derivados de las investigaciones sobre el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y advirtió que la lucha contra la corrupción pierde credibilidad cuando la justicia parece aplicar distintos niveles de severidad dependiendo de la posición política, económica o institucional de los imputados.
Jiménez, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, se refirió particularmente a la nueva fase denominada SeNaSa 2.0, en la que el ministerio público solicita 18 meses de prisión preventiva para 25 imputados y que el proceso sea declarado complejo. La investigación atribuye a una presunta estructura integrada por empleados y exempleados de SeNaSa, médicos y particulares un fraude de aproximadamente RD$41.1 millones.
“Nadie debe oponerse a que se investigue la corrupción ni a que quienes hayan cometido delitos respondan ante los tribunales. Lo que debemos preguntarnos es si estamos aplicando la justicia con la misma vara para todos”, expresó Jiménez.
El abogado y periodista sostuvo que una investigación contra la corrupción no puede reducirse a la cantidad de personas encarceladas, sino que debe ser capaz de establecer quién diseñó los mecanismos, quién los dirigió, quién se benefició y dónde terminó el dinero público.
“Si existe una estructura, hay que llegar hasta el núcleo de esa estructura. No podemos conformarnos con perseguir a quienes ejecutaron las operaciones mientras quedan fuera del alcance de la justicia quienes pudieron haberlas diseñado, dirigido o financiado”, afirmó.
Jiménez también cuestionó el uso de la prisión preventiva como medida de coerción cuando esta puede terminar funcionando, en la práctica, como una pena anticipada.
Recordó que en un sistema penal adversarial la prisión preventiva tiene una naturaleza cautelar y no puede confundirse con una condena, pues la culpabilidad debe establecerse mediante una sentencia después de un proceso con todas las garantías.
“Dieciocho meses de prisión preventiva pueden representar una parte considerable de la vida de una persona. Si al final resulta absuelta, ¿quién le devuelve ese tiempo? Por eso la coerción debe responder a una necesidad procesal real y no convertirse en una condena anticipada”, sostuvo.
El miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo afirmó que la sociedad también tiene derecho a preguntarse por qué, en determinados procesos, quienes poseen mayor poder económico o información sobre las estructuras investigadas pueden terminar recibiendo tratamientos procesales diferentes a los de funcionarios, empleados o dirigentes políticos de menor jerarquía.
“La colaboración con la justicia es legítima y necesaria cuando permite desmontar una estructura y recuperar recursos públicos. Pero no puede convertirse en una puerta de salida privilegiada para determinados responsables mientras otros terminan pagando las consecuencias más severas”, manifestó.
Jiménez insistió en que su planteamiento no busca defender a ningún imputado ni obstaculizar las investigaciones. “Quien haya cometido un delito debe responder. Pero precisamente porque queremos combatir la corrupción debemos exigir una justicia independiente, proporcional y sin privilegios. Ni impunidad para los poderosos ni persecución selectiva contra los de abajo”, señaló.
Finalmente, afirmó que el verdadero desafío del caso SeNaSa será determinar hasta dónde llegan las responsabilidades y cuál fue el destino de los recursos presuntamente defraudados.
“La sociedad no necesita una justicia espectacular; necesita una justicia creíble. Encarcelar a muchos puede producir titulares. Llegar a los verdaderos responsables, recuperar el dinero público y garantizar el debido proceso es lo que produce justicia”, concluyó Pedro Jiménez.
