REDACCIÓN.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el 8 de septiembre de 2026 el decreto que pone fin a la suspensión de los permisos para portar armas en el país.
De la Espriella defendió la medida al considerar que durante años las restricciones afectaron principalmente a ciudadanos que cumplen con la ley, mientras grupos criminales continuaron accediendo ilegalmente a armas de fuego.
Según las cifras citadas por el político, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública colombiana incautó 15,700 armas de fuego, de las cuales 14,179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
El balance también señala que 980 armas fueron vinculadas con disidencias de las FARC, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN. Entre las armas asociadas a las disidencias figuran 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros.
De la Espriella aclaró que el levantamiento de la suspensión general no implica un porte indiscriminado de armas, ya que, según explicó, continuarán vigentes los requisitos, controles y permisos establecidos por las autoridades competentes.
El dirigente sostuvo que la política de seguridad debe concentrarse en retirar las armas ilegales de manos de los grupos criminales, mientras se garantizan los derechos de los ciudadanos que cumplan con la legislación.
