El jefe policial explicó que la institución cuenta con mecanismos internos destinados a fiscalizar y evaluar la conducta de sus miembros, entre ellos la Dirección de Asuntos Internos y la Inspectoría General, organismos encargados de investigar posibles actuaciones irregulares.
Rodríguez García indicó que estos procedimientos permiten determinar si las actuaciones atribuidas a un agente constituyen faltas que pueden ser manejadas dentro de la institución o si, por su gravedad, deben trascender al ámbito judicial.
En ese sentido, sostuvo que cuando una conducta irregular supere las competencias disciplinarias internas, los agentes involucrados serán remitidos a las autoridades correspondientes para que enfrenten las consecuencias legales que determine la justicia.
El director policial también se refirió a los esfuerzos que desarrolla su gestión para enfrentar los hechos delictivos que afectan a la ciudadanía. Reconoció que los robos, atracos y otros actos vandálicos continuarán representando un desafío, pero afirmó que la institución mantendrá las acciones preventivas y fortalecerá las investigaciones ante los delitos que sean denunciados.
Asimismo, señaló que las estadísticas recientes muestran una reducción significativa de la criminalidad y aseguró que la Policía continuará trabajando para mejorar los niveles de seguridad ciudadana.
Durante sus declaraciones, Rodríguez García también abordó el proceso de reforma policial que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional. Explicó que durante sus anteriores funciones dentro de la institución participó en la elaboración del proyecto y realizó observaciones que, según indicó, fueron incorporadas a la iniciativa legislativa.
Las declaraciones de Ernesto Rafael Rodríguez García, se produjeron en el marco de una visita de cortesía en el Congreso Nacional, donde estuvo reunido con los presidentes del Senado Ricardo de los Santos y de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, juntos a otros legisladores.
La visita, de acuerdo con el director policial, forma parte de una agenda destinada a fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional y el Poder Legislativo en asuntos relacionados con la seguridad ciudadana y la institucionalidad.
