SANTO DOMINGO.- El proyecto de ley que busca regular los juegos de azar en la República Dominicana abre la puerta para que propietarios y operadores de bancas de apuestas y otros negocios del sector puedan reducir deudas fiscales acumuladas con el Estado por atrasos en el pago de impuestos y tasas hasta diciembre de 2025.
La facilidad está contenida expresamente en el artículo 192 de la iniciativa, aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados, bajo la denominación de “Régimen especial de descuentos”.
El artículo establece que la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), mediante resolución del Consejo de Juegos de Azar y en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), establecerá un régimen especial de descuentos para las deudas acumuladas por atrasos en impuestos y tasas de los distintos operadores de juegos de azar.
Para beneficiarse de la medida, los operadores deberán haberse regularizado y registrado. Los descuentos aplicables serán los previstos en la Ley núm. 30-26, del 18 de junio de 2026, fecha que coincide con los registros oficiales consultados de la DGII y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Aunque el proyecto no utiliza jurídicamente las palabras “perdón” o “condonación”, la aplicación del régimen podría permitir que determinados operadores con deudas fiscales pendientes terminen pagando menos que el monto acumulado originalmente, dependiendo del tipo y alcance de los descuentos previstos en la legislación a la que remite el artículo.
Deudas fiscales del sector
Cuando se habla de bancas de apuestas en esta información no se hace referencia a bancos comerciales ni a instituciones financieras.
El proyecto diferencia las bancas de apuestas deportivas, definidas como establecimientos destinados a comercializar o vender apuestas sobre competiciones deportivas profesionales autorizadas por el Estado, de las bancas de lotería, agencias o puntos de venta, donde se comercializan quinielas y otros juegos numéricos de lotería autorizados.
Por tanto, los llamados “dueños de bancas” son empresarios y operadores vinculados al negocio de loterías, apuestas deportivas y otros juegos de azar.
El artículo 192, sin embargo, tiene un alcance mayor, pues no limita el régimen de descuentos exclusivamente a las bancas, sino que se refiere a los “distintos operadores de juegos de azar”.
Deudas fiscales y Congreso
La creación de este régimen especial adquiere particular relevancia debido a que ocho legisladores que actualmente ocupan curules en el Congreso Nacional —siete diputados y un senador— han declarado propiedades, participaciones accionarias o vínculos económicos relacionados con bancas de apuestas y otros negocios de juegos de azar.
Una investigación publicada por De Último Minuto, basada en declaraciones juradas de patrimonio, identificó a cuatro legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tres de Fuerza del Pueblo (FP) y uno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con intereses declarados en el sector.
Los legisladores identificados son:
Eduard Alexis Espiritusanto Castillo, senador de Fuerza del Pueblo, relacionado en su declaración jurada con el Consorcio de Bancas Eduard.
Domingo Eusebio de León Mascaró, diputado de Fuerza del Pueblo, quien registra vínculos declarados con el Consorcio de Bancas La Solución y Loteka.
Sergio “Gory” Moya de la Cruz, diputado del PRM, quien reporta acciones en La Solución Sport SRL.
Juan Carlos Echavarría Milané, diputado del PLD, identificado como propietario del Consorcio de Bancas Joselito.
Carlos José Gil Rodríguez, diputado de Fuerza del Pueblo, relacionado con el Consorcio de Bancas La Dinámica.
Orlando Antonio Martínez Peña, diputado del PRM, quien registra Bancas OM y además figura como accionista de Lotedom.
Melvin Alexis Lara Melo, diputado del PRM, vinculado a Bancas Alex Lara.
Alexander Javier Cuevas, diputado del PRM, relacionado con Bancas Alex Sport.
Las vinculaciones provienen de declaraciones patrimoniales y, por sí solas, no constituyen una irregularidad ni demuestran que los congresistas hayan impulsado disposiciones para favorecer sus intereses particulares. Sin embargo, plantean interrogantes sobre potenciales conflictos de interés, debido a que el Congreso decide sobre una legislación que modifica directamente las condiciones económicas del mismo sector en el que han declarado intereses.
Seis de los diputados previamente identificados por sus vínculos con bancas o loterías aparecen como legisladores invitados en la reunión final incorporada al informe de la Comisión Especial que rindió informe favorable con modificaciones al proyecto.
Se trata de Domingo Eusebio de León Mascaró, Juan Carlos Echavarría Milané, Carlos José Gil Rodríguez, Alexander Javier Cuevas, Melvin Alexis Lara Melo y Orlando Antonio Martínez Peña.
De acuerdo con el análisis de las votaciones oficiales, cuatro de esos seis diputados apoyaron electrónicamente el informe modificado y tres posteriormente votaron favorablemente en las dos lecturas del proyecto.
La documentación disponible no demuestra que esos legisladores hayan redactado el artículo 192, ni permite afirmar hasta ahora que las empresas relacionadas con ellos tengan deudas fiscales que puedan beneficiarse del régimen especial.
Esas circunstancias, sin embargo, dejan abiertas dos preguntas centrales: quién introdujo el artículo y quiénes podrían beneficiarse de su aplicación.
El expediente disponible no atribuye de manera individual la autoría del régimen especial de descuentos.
El informe utilizado para analizar las modificaciones recomienda expresamente preguntar a la Comisión Especial quién redactó y propuso los artículos 190, 191 y 192, además de determinar qué estudios económicos respaldaron varias de las decisiones introducidas durante el proceso legislativo.
Establecer la autoría del artículo resulta especialmente relevante ante la presencia de congresistas con intereses económicos declarados en el sector.
También queda por determinar si alguno de ellos intervino específicamente en la discusión, modificación o aprobación del régimen de descuentos y si presentó alguna declaración de potencial conflicto de interés.
Deudas fiscales pendientes
El proyecto tampoco responde una pregunta fundamental: ¿cuánto dinero adeudan actualmente al Estado los operadores de juegos de azar que podrían beneficiarse de estos descuentos?
El artículo 192 no especifica el monto global de las obligaciones atrasadas, la cantidad de operadores que podrán beneficiarse ni cuánto dejaría finalmente de cobrar el Estado con la aplicación del régimen especial.
Tampoco identifica públicamente a sus potenciales beneficiarios.
Esto deja abiertas varias interrogantes que Hacienda, la DGII y el Congreso deberían aclarar antes de una decisión definitiva sobre la iniciativa:
¿Cuánto deben las bancas y demás operadores de juegos de azar por impuestos y tasas hasta diciembre de 2025?
¿Cuántas empresas podrán acogerse al régimen especial?
¿Qué parte de esas obligaciones será objeto de descuentos?
¿Cuál será el costo fiscal para el Estado?
¿Alguna empresa propiedad de legisladores o vinculada económicamente a ellos figura entre los potenciales beneficiarios?
¿Quién propuso específicamente la inclusión del artículo 192?
El régimen para las deudas no es la única modificación económica favorable contenida en el proyecto.
El artículo 129 de la versión aprobada por la Cámara establece una tasa de 2.5 % de las ventas brutas para los sorteos no acumulativos de loterías electrónicas.
La versión anteriormente aprobada por el Senado contemplaba una tasa de 5 %, además de un impuesto adicional del 1 % sobre las ventas brutas. La modificación introducida posteriormente reduce la tasa a 2.5 % y elimina ese gravamen adicional, según el análisis comparativo del expediente y la investigación publicada por De Último Minuto.
Además, el proyecto modifica las condiciones de renovación de determinadas licencias, amplía a diez años la vigencia de las licencias de bancas deportivas y aumenta de diez a quince la cantidad de máquinas tragamonedas que pueden operar en esos establecimientos.
A estas disposiciones se agrega otro elemento de impacto: el artículo 191 establece que, una vez publicado el registro de licenciatarios, durante diez años no se otorgarán nuevas licencias para la instalación de los establecimientos de juegos de azar señalados por la legislación, con una excepción para casinos ubicados en hoteles y lugares turísticos. La existencia de una veda de diez años para nuevas licencias también ha sido reseñada durante el trámite de la iniciativa.
La disposición implica que quienes logren quedar dentro del nuevo registro podrían operar en un mercado en el que la entrada de nuevos establecimientos quedaría limitada durante una década.
La existencia de empresarios del juego en el Congreso no demuestra, por sí misma, que exista una actuación ilegal.
Tampoco existe hasta ahora evidencia suficiente para afirmar que los legisladores identificados diseñaron el artículo 192 para favorecer sus propias empresas.
Lo que sí está documentado en el expediente analizado es que el proyecto crea un régimen especial de descuentos para deudas de operadores de juegos de azar, que varios congresistas tienen intereses económicos declarados en ese mismo sector y que algunos participaron en distintas etapas del trámite legislativo.
Por ello, el debate alrededor del artículo 192 no se limita a determinar si técnicamente se trata de un “descuento” o de un “perdón” parcial de obligaciones, sino que también plantea preguntas sobre su impacto fiscal, sus potenciales beneficiarios y el proceso mediante el cual la disposición fue incorporada a la iniciativa.
