SANTO DOMINGO.- Daniel Toribio afirmó que el nuevo esquema de congelamiento de los combustibles por 90 días, con un precio de referencia de US$90 por barril, obliga al Gobierno a rendir cuentas sobre el manejo del sistema de compensación aplicado desde 2022.
Toribio sostuvo que la intervención del Estado para evitar alzas repentinas tiene justificación en momentos de presión internacional sobre el petróleo. Pero advirtió que el problema de fondo no está en congelar precios cuando el crudo sube, sino en la falta de información sobre lo que ocurre cuando baja.
“El país conoce cada semana cuánto dice subsidiar el Gobierno, pero no conoce el balance completo de la cuenta de compensación. Esa información es necesaria para saber quién gana cuando baja el petróleo”, expresó.
El economista señaló que las autoridades informan los montos destinados a evitar aumentos en los combustibles, pero no publican cuánto se adeuda a los importadores, cuánto se ha pagado, cuánto se recupera en períodos de petróleo barato y cuánto termina ingresando al Tesoro Nacional.
Indicó que esa opacidad impide saber si el sistema protege al consumidor o si se ha convertido en una fuente adicional de financiamiento fiscal.
Toribio recordó que la política de bandas anunciada en 2022 explicó qué haría el Gobierno cuando el petróleo subiera, pero no definió con igual claridad qué pasaría cuando los precios internacionales bajaran.
“El nuevo límite de US$90 por barril debe llamar la atención. Cada esquema de estabilización amplía una pregunta pendiente: cuál es el saldo real del sistema”, manifestó.
Planteó que la transparencia en los combustibles no debe limitarse al anuncio semanal de subsidios. A su juicio, el Gobierno debe publicar una cuenta completa, auditable y verificable, con ingresos, pagos, deudas, recuperaciones y saldo acumulado.
“El debate seguirá incompleto mientras el Gobierno informe lo que subsidia, pero no diga cuánto recauda y recupera cuando el petróleo baja”, puntualizó.
Toribio afirmó que los combustibles inciden directamente en el costo de vida, el transporte, la producción, la electricidad y la inflación. Por eso, dijo, la ciudadanía tiene derecho a conocer la cuenta completa.
