SANTO DOMINGO.-Una vez más, el Gobierno del PRM ha decidido cargar sobre los hombros de la ciudadanía el peso de sus errores, improvisaciones y desaciertos. Lo ha hecho de manera avasallante, ignorando las preocupaciones de amplios sectores nacionales y desatendiendo propuestas sensatas, como las enmiendas presentadas por el senador del Distrito Nacional, compañero Omar Leonel Fernández.
Lo que hoy se presenta como una solución fiscal terminará traduciéndose en mayores sacrificios para las familias dominicanas, en más dificultades para la clase media, para los trabajadores y para los pequeños y medianos productores. En definitiva, es el pueblo quien pagará la factura.
Pero tan preocupante como la aprobación de estas medidas es la actitud asumida por quienes, teniendo la responsabilidad moral de defender los intereses de la sociedad, han preferido colocarse del lado del poder. Resulta incomprensible que el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana haya optado nuevamente por respaldar una iniciativa rechazada por amplios sectores de la población, en lugar de asumir una posición de defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía.
Por ello, la indignación de la abogacía nacional está plenamente justificada. Durante demasiado tiempo hemos observado cómo el CARD se distancia de las causas populares y de las luchas que históricamente han dado sentido al ejercicio comprometido de la profesión jurídica.
Los actores del proceso político-gremial de la Fuerza del Pueblo estamos llamados a realizar una profunda reflexión autocrítica sobre nuestra relación con el Colegio de Abogados. Si actuamos con honestidad intelectual y despojados de intereses particulares, tendremos que admitir que muchas veces hemos terminado siendo copartícipes silenciosos del deterioro institucional y moral de un gremio que merece una dirección más comprometida con sus miembros y con el país.
Hoy corresponde fijar posición con claridad y sin ambigüedades.
Por ello, expreso mi más firme, enérgico e irrestricto REPUDIO al PAQUETE FISCAL aprobado y promulgado por el Gobierno, así como a todos aquellos que, por acción u omisión, contribuyeron a imponerlo sobre la voluntad y los intereses del pueblo dominicano.
