La decisión fue oficializada mediante un documento firmado por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, donde se explica que la medida responde a las recientes declaraciones y publicaciones en redes sociales realizadas por el mandatario relacionadas con el proceso electoral colombiano.
La apertura de la investigación surge en medio de crecientes críticas de sectores políticos y organismos de control, luego de que Petro publicara mensajes considerados favorables al candidato oficialista Iván Cepeda, generando cuestionamientos sobre una posible violación al principio de neutralidad electoral.
La comunicación enviada al secretario de la Comisión, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, señala que la actuación se fundamenta en el artículo 422 del Código Penal colombiano, el cual tipifica el delito de intervención en política por parte de funcionarios públicos.
Además, el proceso se ampara en las disposiciones establecidas por la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992, normas que otorgan facultades a la Comisión para investigar posibles faltas o delitos cometidos por altos funcionarios del Estado.
La legislación colombiana prohíbe expresamente que servidores públicos participen en actividades políticas o interfieran en controversias electorales, salvo el ejercicio del derecho al voto.
Debido a su condición de jefe de Estado, el presidente Petro cuenta con fuero constitucional, lo que impide que sea investigado o juzgado por la justicia ordinaria mientras permanezca en el cargo.
La Constitución colombiana establece que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la entidad encargada de recibir e investigar denuncias contra el presidente por presuntos delitos o faltas disciplinarias.
En ese contexto, el procurador general Gregorio Eljach solicitó el lunes un informe detallado sobre las denuncias y quejas radicadas contra el mandatario relacionadas con supuesta participación indebida en política.
Medios locales aseguran que la Comisión acumula cerca de una docena de denuncias vinculadas a este caso, mientras la Procuraduría afirmó que mantiene labores de seguimiento y vigilancia institucional sobre el desarrollo de las actuaciones.
En caso de encontrar méritos suficientes, la Comisión deberá presentar una acusación formal contra Petro ante el Senado colombiano, órgano que actúa como juez político en este tipo de procesos, aunque históricamente estos procedimientos rara vez concluyen con sanciones efectivas.
