SANTO DOMINGO. – Una representación de jueces y servidores judiciales denunció la carga laboral a la que aseguran están siendo sometidos debido a la existencia de más de 575 plazas vacantes dentro del Poder Judicial que no han sido cubiertas, situación que, afirman, los obliga a asumir funciones adicionales a las correspondientes a sus cargos.
Durante una entrevista en el programa Cátedra Jurídica, conducido por el doctor Manuel Conde, los magistrados Suinda Jamín Brito, jueza del Onceavo Juzgado de la Instrucción de Niños, Niñas y Adolescentes; Yokauris Morales Castillo, jueza de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, y Dayham Rodríguez, juez de Paz, explicaron las razones de la convocatoria a paro nacional realizada por distintos sectores del sistema judicial.
Los jueces sostienen que varias reivindicaciones laborales no están siendo cumplidas por el Consejo del Poder Judicial y denunciaron deterioro en las condiciones de trabajo, desigualdad salarial y sobrecarga operativa en tribunales y dependencias judiciales.
“Hay 575 renuncias de servidores judiciales, es decir, empleados judiciales desde el 2025 hasta la fecha. Son 575 y contando, plazas que no se llenan, como decían mis compañeros. Pero además, este reclamo no es solamente por salario; este reclamo no es solamente económico. Hay una situación de respeto a la escala salarial y al sistema de suplencia horizontal”, deploró una de las magistradas durante la entrevista.
En ese sentido, la magistrada Yokauris Morales Castillo acusó al Consejo del Poder Judicial de actuar bajo los lineamientos del presidente del órgano, Luis Henry Molina, y no conforme a los criterios institucionales y legales que, según indicó, deberían regir las decisiones internas.
“El órgano, liderado por el presidente Luis Henry Molina, en su mayoría se suma a lo que el presidente decide hacer y no ejerce la representatividad que le fue dada por sus pares”, afirmó.
De su lado, el magistrado Dayham Rodríguez cuestionó el manejo presupuestario dentro del Poder Judicial y denunció que fueron aprobados recursos adicionales para la reciente Conferencia del Poder Judicial, mientras persisten vacantes y reclamos salariales sin atender.
“Lo voy a decir a título personal. Luis Henry Molina habló de que estamos en un país que atraviesa una crisis; sin embargo, tengo el acta 6-2026, del 6 de marzo de este año, donde se destinan 30 millones de pesos adicionales para la Conferencia del Poder Judicial, porque los fondos aprobados inicialmente no fueron suficientes”, denunció Rodríguez.
Los jueces también denunciaron presuntas violaciones al principio de igualdad salarial, alegando que existen diferencias injustificadas en remuneraciones y beneficios dentro del sistema judicial, pese a que muchos servidores realizan funciones similares o superiores.
Asimismo, señalaron que la falta de nombramientos ha provocado retrasos en procesos judiciales, aumento de expedientes y un deterioro en la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos.
Indicaron que el llamado a paro nacional surge de la indignación acumulada entre jueces y servidores judiciales por el incumplimiento de conquistas laborales y la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades del Poder Judicial.
La convocatoria a paro nacional está pautada para el próximo 21 de mayo, fecha en la que jueces y servidores judiciales aseguran que realizarán jornadas de protesta en reclamo de mejores condiciones laborales, respeto a la escala salarial, nombramiento de personal vacante y cumplimiento de los derechos adquiridos dentro del sistema judicial dominicano.
