La medida obliga a los solicitantes a proporcionar sus usuarios de redes sociales de los últimos cinco años, incluyendo plataformas como Facebook, Instagram, X (antes Twitter), TikTok y LinkedIn. Las autoridades analizarán publicaciones, comentarios e interacciones antes de tomar una decisión sobre cada caso.
Según las autoridades migratorias, el objetivo es identificar posibles riesgos para la seguridad nacional, como apoyo a grupos extremistas, mensajes violentos o contenido considerado hostil hacia el país. De detectarse este tipo de señales, la solicitud podría ser rechazada.
La política se aplicará a millones de personas, incluyendo quienes soliciten la green card, visas laborales (como H-1B), estudiantiles y otros programas migratorios. Además, los solicitantes no podrán ocultar sus perfiles ni restringir el acceso durante el proceso.
Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles y expertos legales, quienes advierten sobre posibles violaciones a la privacidad y la libertad de expresión, así como decisiones subjetivas basadas en publicaciones antiguas o mal interpretadas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que esta práctica forma parte de su estrategia para reforzar los controles migratorios, aunque el debate sobre sus implicaciones legales y sociales continúa en desarrollo.
