SANTO MDOMINGO.- Tras la reciente presentación de su hoja de ruta para la transformación del sector, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) enfatizó, en vísperas del Día de la Tierra, que la actualización del marco legal minero es la herramienta idónea que tiene el Estado para asegurar la custodia rigurosa de los recursos naturales.
Para CAMIPE, la Ley 146-71 ha cumplido su ciclo, resultando insuficiente frente a los desafíos climáticos y las garantías de la Constitución de 2010. En ese sentido, la propuesta de CAMIPE busca que la ley reconozca formalmente las “No-Go Zones” (zonas de exclusión), donde la biodiversidad y el agua sean la única prioridad. La Cámara propone que el Estado, basado en estudios hidrogeológicos y criterios científicos inapelables, defina dónde no es factible la actividad minera.
“Saber dónde no operar es tan importante como saber dónde sí”, puntualizó Martín Valerio, director ejecutivo de CAMIPE. “No estamos ante una propuesta de buena voluntad, sino ante una exigencia de rigor técnico. Queremos que la ley dote al Estado de ‘dientes’ para prohibir la actividad donde la ciencia lo indique, integrando de forma orgánica la Ley 64-00 de Medio Ambiente para dar paz ambiental a las comunidades”.
Otro de los ejes centrales que CAMIPE destaca es el modelo de cierre de minas. La propuesta técnica exige que la remediación ambiental sea obligación financiera ejecutable desde el inicio de la operación, mediante mecanismos públicos de asignación y seguimiento obligatorios.
Al respecto, Pedro Esteva, presidente de CAMIPE, fue enfático al asegurar que “la confianza de la ciudadanía se construye con certezas” y añadió que desde el sector privado “proponemos un sistema de garantías financieras intocables que aseguren la recuperación total de los ecosistemas, garantizando que el desarrollo responsable de hoy no comprometa el patrimonio natural de las próximas generaciones”.
Un compromiso con la Meta RD 2036
La propuesta busca elevar el debate nacional hacia soluciones estructurales, reafirmando que el fortalecimiento institucional y la transparencia (mediante sistemas como el estándar EITI y la telemetría hídrica) son los únicos caminos para armonizar el desarrollo económico con la preservación ambiental que el país demanda.
“La minería responsable que en CAMIPE representamos es la primera interesada en reglas claras y estrictas. República Dominicana merece una legislación que no sólo vea el potencial mineral, sino que proteja el agua y el bosque a través del rigor científico”, concluyó Esteva.
Acerca de CAMIPE
La Cámara Minera-Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) es una entidad privada sin fines de lucro creada el 18 de abril de 1997 para promover el desarrollo dinámico y sostenible del sector minero y petrolero dominicano. Su misión es posicionar al país como un destino atractivo para la inversión nacional y extranjera en las industrias extractivas, apoyando el establecimiento de condiciones óptimas para su crecimiento, fomentando transferencia tecnológica, desarrollo de recursos humanos y políticas públicas responsables que protejan el medio ambiente.
CAMIPE mantiene un diálogo permanente con autoridades, academia y sociedad civil, contribuye a la definición de normas ambientales adecuadas y representa a sus miembros en instancias gubernamentales y empresariales para impulsar un sector competitivo, transparente y socialmente responsable.
