SANTO DOMINGO .- El general Adán Cáceres Silvestre, principal implicado en el caso Coral, solicitó este miércoles su absolución ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, al asegurar que las pretensiones de condena en su contra han fracasado por falta de pruebas suficientes y pertinentes.
Durante sus palabras finales en el juicio de fondo, el oficial sostuvo que el proceso ha evidenciado debilidades sustanciales en la acusación presentada por el Ministerio Público, al no lograr demostrar de manera clara y directa su responsabilidad penal en los hechos imputados.
Cáceres Silvestre expresó que, tras cinco años de proceso judicial, no se ha podido establecer con quién habría conspirado para cometer actos ilícitos, ni se han presentado pruebas que sustenten la acusación de asociación de malhechores.
“Cinco años después no se ha dicho con quién me he puesto de acuerdo para infringir una ley. No hay testigos, documentos ni evidencias que establezcan esa supuesta conspiración”, afirmó ante el tribunal.
En cuanto a la imputación de desfalco, el general indicó que el Ministerio Público no ha podido identificar fondos específicos que hayan sido desviados hacia su beneficio, ni trazar una ruta financiera que sustente dicha acusación.
Aseguró que los análisis periciales, incluyendo los realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), reflejan que el 98 % de los recursos manejados en sus cuentas provienen de ingresos lícitos, como salarios e inversiones bancarias.
Asimismo, criticó que las imputaciones se hayan presentado de forma generalizada, sin individualizar responsabilidades, lo cual —según afirmó— contradice los principios del derecho penal.
Sobre el cargo de lavado de activos, Cáceres argumentó que no ha sido ubicado en ninguna de las fases del supuesto proceso de lavado —colocación, estratificación o integración—, lo que, a su juicio, debilita aún más la acusación.
“El Ministerio Público no ha demostrado en qué etapa del lavado de activos participé, porque simplemente eso nunca ocurrió”, sostuvo.
El imputado también cuestionó la calidad de algunas pruebas y testimonios presentados, señalando supuestas inconsistencias, así como la falta de rigor en las investigaciones realizadas por el órgano acusador.
Finalmente, reiteró su confianza en que el tribunal tomará una decisión basada en las pruebas y en el respeto al debido proceso, amparado en el principio constitucional de presunción de inocencia.
“Quien se sabe inocente es quien quiere que se haga justicia”, concluyó.
