REDACCIÓN.- El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar se instituyó para visibilizar las demandas y desafíos de quienes desempeñan tareas domésticas en hogares ajenos. Esta jornada tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de garantizar condiciones laborales dignas, salario justo y el acceso a la seguridad social para este grupo históricamente marginado.
La conmemoración se oficializó en 1988, tras un encuentro regional realizado en Bogotá, Colombia, donde trabajadoras del hogar de distintos países latinoamericanos y europeos definieron el 30 de marzo como un día para reclamar el pleno reconocimiento de sus derechos.
Desde entonces, la fecha ha sido respaldada por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo.
La decisión de establecer un día internacional dedicado a las trabajadoras del hogar surgió en 1988 durante el Primer Congreso de Trabajadoras del Hogar en Bogotá. En ese evento, representantes de sindicatos y asociaciones de América Latina y Europa acordaron fijar el 30 de marzo como jornada de reivindicación.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo existen más de 75 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico, de las cuales aproximadamente el 80 % son mujeres. La OIT destaca que esta actividad se desarrolla, en su mayoría, en condiciones informales y sin protección legal adecuada.
La conmemoración fue adoptada progresivamente por numerosos países, en especial en América Latina, donde la proporción de trabajadoras domésticas respecto al total de mujeres ocupadas es especialmente alta. La fecha también busca dar visibilidad a las brechas de género y a la falta de cobertura social que afecta al sector, donde muchas empleadas enfrentan largas jornadas, bajos salarios y ausencia de prestaciones básicas.
En 2011, la OIT adoptó el Convenio 189, un instrumento internacional que establece estándares mínimos para garantizar derechos laborales y protección social a quienes trabajan en hogares privados. Este convenio marcó un hito para el reconocimiento global de la labor doméstica y fue resultado de décadas de movilización y presión por parte de organizaciones de trabajadoras y defensores de derechos humanos.
La entrada en vigor del Convenio 189 de la OIT representó un avance en la regulación del trabajo doméstico. Según la OIT, hasta 2022, más de 35 países han ratificado este convenio, comprometiéndose a mejorar las condiciones laborales y de vida de quienes se dedican a esta ocupación.
No obstante, el organismo señala que la implementación de estos estándares aún enfrenta obstáculos significativos, como la falta de inspección laboral en el ámbito doméstico y la persistencia de la informalidad.
En países como México, Brasil y Perú, las leyes nacionales han incorporado algunos derechos para las trabajadoras del hogar, como el acceso a salario mínimo, vacaciones pagadas y seguridad social. Sin embargo, muchas personas empleadas en casas particulares continúan careciendo de contratos formales y protección frente a despidos injustificados.
De acuerdo con ONU Mujeres, la mayoría de las trabajadoras domésticas son migrantes, indígenas o afrodescendientes, lo que agrava su vulnerabilidad y dificulta el ejercicio pleno de sus derechos.
En declaraciones recogidas por la Comisión Interamericana de Mujeres, la líder sindical Marcelina Bautista afirmó: “El trabajo en casas particulares sigue siendo uno de los menos valorados y más precarizados, pese a su aporte fundamental a la economía y al bienestar social”. La activista subrayó la necesidad de que los gobiernos refuercen la inspección y promuevan campañas informativas para garantizar la igualdad y el respeto en el sector.
En la región latinoamericana, el trabajo doméstico representa una fuente de empleo clave para millones de mujeres, especialmente aquellas con menor acceso a educación formal. Según cifras del portal de estadísticas alemán Statista, cerca del 17 % de las mujeres ocupadas en América Latina trabaja en el sector doméstico. Esta cifra varía según el país, superando el 20 % en naciones como Paraguay y Bolivia.
A pesar de los avances legislativos, la informalidad sigue siendo el principal reto. De acuerdo con datos de la OIT, más del 70 % de las trabajadoras del hogar en la región no cuenta con acceso a la seguridad social. La pandemia de COVID-19 profundizó las desigualdades, al dejar a muchas personas sin empleo o sin ingresos estables.
En este contexto, organizaciones como la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar impulsan campañas para exigir la ratificación y aplicación efectiva del Convenio 189, así como el reconocimiento pleno de los derechos laborales y humanos de este sector. La visibilidad internacional del 30 de marzo contribuye a mantener en la agenda pública las demandas y desafíos de millones de trabajadoras del hogar en todo el mundo.
