El Salvador.-La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una nueva prórroga por 30 días del régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas, una medida que se mantiene vigente desde marzo de 2022.
La ampliación, que corresponde a la número 47, fue respaldada por 57 de los 60 diputados del órgano legislativo y estará en vigor hasta el 1 de marzo de 2026.
Según el decreto leído durante la sesión plenaria, la extensión responde a la “aún existencia de grupos terroristas”, al considerar que no erradicar completamente su accionar podría generar un retroceso en materia de seguridad.
Las autoridades legislativas señalaron además que el régimen ha permitido la desarticulación de grupos armados y el debilitamiento de redes criminales. El documento también destaca la cooperación regional en materia de seguridad, incluyendo labores conjuntas con Estados Unidos y otros países para la captura de integrantes de estructuras criminales.
El decreto hace referencia al escenario regional, señalando hechos recientes ocurridos en Guatemala como evidencia de un incremento progresivo de la actividad de pandillas en Centroamérica, lo que, a juicio de las autoridades salvadoreñas, representa un riesgo para la estabilidad alcanzada en el país.
Como antecedente inmediato, el pasado 18 de enero se reportó la muerte de 10 policías en Ciudad de Guatemala durante ataques coordinados atribuidos a la pandilla Barrio 18, lo que reforzó los argumentos para mantener la medida extraordinaria.
Desde su implementación, el régimen de excepción ha dejado más de 91,000 personas detenidas, señaladas de pertenecer o colaborar con pandillas o de ocupar posiciones de liderazgo dentro de estas estructuras. La medida contempla la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa inmediata, además de ampliar el plazo de detención administrativa.
Aunque la estrategia ha contado con el respaldo del presidente Nayib Bukele y mantiene altos niveles de aprobación popular, organizaciones humanitarias han denunciado más de 6,400 casos de presuntas violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y al menos 470 muertes bajo custodia estatal.
