SANTO DOMINGO.-El gobierno dominicano informó que dos mil millones de pesos, extraídos de los tres mil millones devueltos voluntariamente por Maxy Montilla tras admitir actos de corrupción, serán destinados a la construcción de obras deportivas en todo el país. La decisión busca garantizar transparencia mediante la supervisión de una comisión de veedores independientes.
El presidente Luis Abinader y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, agradecieron a los comisionados por su disposición de fiscalizar la correcta ejecución de estos recursos.
Entre los miembros de la comisión destacan el monseñor Rafael Rodríguez Rodríguez, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano; el comunicador Persio Maldonado, quien coordinará la comisión; el expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara; el neurocirujano y expresidente del Comité Olímpico Dominicano José Joaquín Puello; y Luisín Mejía, también exlíder del Comité Olímpico.
Las obras contempladas incluyen los complejos deportivos de San Pedro de Macorís y La Vega, el estadio de béisbol de San Juan de la Maguana, así como 25 pabellones multiusos en municipios que carecían de instalaciones de este tipo.
Según las autoridades, los fondos recuperados "van para una necesidad muy sentida: el deporte, los jóvenes y los niños del país".
Además, se informó que tras meses de planificación, este mismo martes se subirán las licitaciones correspondientes, bajo la supervisión directa de la comisión de veedores.
El equipo de recuperación de dinero por actos de corrupción ha logrado recuperar hasta la fecha más de seis mil millones de pesos, y se esperan nuevos acuerdos con el Ministerio Público que permitan devolver recursos adicionales al Estado.
El gobierno enfatizó que la iniciativa no solo busca impulsar el deporte, sino también garantizar que los recursos recuperados sean gestionados de manera transparente y eficiente, beneficiando directamente a la juventud y la niñez dominicana.
Este plan de inversión en infraestructura deportiva forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno por canalizar los recursos recuperados de la corrupción hacia proyectos que generen un impacto social tangible.
Autoridades y expertos destacan que estas obras no solo fomentarán la práctica deportiva y la formación de nuevos talentos, sino que también impulsarán la economía local mediante la creación de empleos temporales durante la construcción y el mantenimiento de las instalaciones, fortaleciendo así tanto el desarrollo comunitario como la transparencia en el manejo de fondos públicos.
