ECUADOR.-Ecuador cerró 2025 como el año más violento desde que existen registros oficiales, al contabilizar 8,847 homicidios hasta el 19 de diciembre, una cifra sin precedentes que refleja el impacto del avance del crimen organizado y la disputa territorial entre bandas delictivas. Los datos fueron confirmados por el comandante general de la Policía, Pablo Dávila.
El balance supera los 7,063 asesinatos de 2024 y los 8,248 registrados en 2023, que hasta ahora era considerado el año más sangriento. La escalada de violencia ocurre pese a las medidas adoptadas por el Gobierno, entre ellas la declaración de “conflicto armado interno” y la militarización de cárceles ordenada por el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024.
Mayo marcó el pico de homicidios del año
El mes más violento fue mayo, cuando se reportaron 934 asesinatos, un promedio de 31 muertes diarias, lo que llevó al Ejecutivo a desplazar la cúpula policial y militar hacia Guayaquil, considerada el epicentro de la violencia criminal del país.
Organismos como el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado ya habían advertido a mitad de año que, de mantenerse la tendencia, Ecuador cerraría 2025 con más de 9,000 homicidios. En la misma línea, la organización ACLED proyectó que el país mantendría la tasa de homicidios más alta de América Latina por tercer año consecutivo.
La violencia se concentra en la región costera
La provincia de Guayas encabezó las estadísticas, con 3,771 asesinatos hasta noviembre, seguida por Los Ríos, Manabí y El Oro, todas zonas costeras fuertemente golpeadas por el narcotráfico. En estas demarcaciones rige un estado de excepción decretado en noviembre.
Durante 2025 se registraron matanzas carcelarias, atentados con explosivos y ataques armados, incluidos el asesinato de once militares en la Amazonía y una masacre reciente en Puerto López, Manabí, donde seis personas fueron ultimadas.
Aunque la Policía afirma que las estrategias aplicadas evitaron un escenario aún más crítico, analistas advierten que la fragmentación de las bandas podría provocar mayor violencia en 2026 si no se consolidan acciones sostenidas de control territorial y penitenciario.
