Santo Domingo.– El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables, dirigido por Manuel Meccariello, hace un llamado firme y urgente al Ministerio Público para que actúe con la mayor contundencia en el caso del fraude que ha salido a la luz pública y que ha tenido consecuencias devastadoras para miles de ciudadanos.
Este hecho no solo representa un atentado contra los recursos del Estado, sino un crimen contra la vida y la dignidad humana. Miles de afiliados al Seguro Nacional de Salud (SENASA) quedaron desprotegidos, y cientos de personas perdieron la vida por falta de cobertura médica. Cada víctima es una historia truncada, una familia rota, una violación directa a los derechos humanos.
Es desgarrador cuando hemos visto tantas denuncias de falta de cobertura, falta de asistencia en emergencias por no tener un depósito de garantía, casos donde procedimientos fueron autorizados y luego no se realizaron, personas que no recibieron sus medicamentos en farmacias, y pacientes con enfermedades catastróficas que no pudieron acceder a tratamientos de alto costo por falta de presupuesto. Indigna ver cómo los imputados hoy piden privilegios para cumplir arresto en sus casas alegando problemas de salud, mientras ciudadanos pobres, sin riquezas, cumplen condenas en cárceles con enfermedades graves, sin ningún beneficio. La justicia debe ser igual para todos, expresó Manuel Meccariello.
Es desgarrador cuando hemos visto tantas denuncias de falta de cobertura, falta de asistencia en emergencias por no tener un depósito de garantía, casos donde procedimientos fueron autorizados y luego no se realizaron, personas que no recibieron sus medicamentos en farmacias, y pacientes con enfermedades catastróficas que no pudieron acceder a tratamientos de alto costo por falta de presupuesto. Indigna ver cómo los imputados hoy piden privilegios para cumplir arresto en sus casas alegando problemas de salud, mientras ciudadanos pobres, sin riquezas, cumplen condenas en cárceles con enfermedades graves, sin ningún beneficio. La justicia debe ser igual para todos, expresó Manuel Meccariello.
La corrupción mata. Cuando se roba en salud, se roba tiempo de vida, se roba esperanza. Este caso no puede quedar impune ni tratado como uno más. Es un atentado contra los más vulnerables, contra quienes dependen del sistema para sobrevivir.
Por ello, el Observatorio exige que todos los responsables, sin excepción, sean procesados y condenados conforme a la ley. No puede haber privilegios ni intocables. El Ministerio Público tiene la obligación histórica de dar el ejemplo más contundente y demostrar que la justicia no se negocia.
Este es el momento de enviar un mensaje claro: la vida humana vale más que cualquier interés económico o político. Que nunca más la corrupción sea sinónimo de muerte.
