SANTO DOMINGO.– En ocasión del 181 aniversario de la proclamación de la Constitución Dominicana, promulgada en la provincia San Cristóbal, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) exhorta al Congreso Nacional a asumir con responsabilidad la tarea pendiente de aprobar más de un centenar de leyes que la propia Constitución de la República exige y que, a la fecha, continúan sin ser promulgadas.
El pastor Feliciano Lacen Custodio, destacó que el país enfrenta una abultada mora legislativa, con normativas que son fundamentales para fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho, conforme al mandato de la reforma constitucional de octubre de 2024.
“El respeto a la Constitución no se demuestra solo en los actos protocolarios, sino en el cumplimiento fiel de sus mandatos. Es urgente que el Congreso salde esta deuda con la nación y con la institucionalidad democrática”, expresó el presidente de CODUE, Reverendo Feliciano Lacen Custodio.
Entre las leyes pendientes, se encuentran las relativas a la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza (art. 10.2), la distribución territorial de los beneficios por explotación de recursos naturales (art. 17.4), así como aquellas que regulan el derecho a la intimidad, la protección del honor y la propia imagen (art. 44).
Asimismo, CODUE recordó la necesidad de que se aprueben leyes que garanticen la libertad de reunión, el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos, la iniciativa legislativa popular, la jurisdicción contencioso-administrativa, las atribuciones de los gobernadores civiles (art. 198) y la participación ciudadana a través de referendos y plebiscitos (arts. 203 y 210).
El Consejo consideró positiva la intención del Poder Ejecutivo de proponer una disposición transitoria que impulse el cumplimiento de estos mandatos, pero subrayó que la responsabilidad constitucional recae en el Congreso Nacional, por lo que hizo un llamado a los legisladores a “honrar la Carta Magna con hechos concretos y no solo con discursos conmemorativos”.
CODUE concluyó reafirmando su compromiso con la defensa de la institucionalidad, el fortalecimiento de la democracia y el respeto al marco constitucional que garantiza los derechos y deberes de gobernantes y gobernados, que nunca antes fue tan necesaria como hoy.
