SANTO DOMINGO.- La Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, sostuvieron un encuentro con fiscales titulares y coordinadores de defensa pública de todo el país, en el que abordaron la aplicación de acuerdos de penas y las medidas de coerción. Durante la reunión, la magistrada Berenice escuchó de manera individual las propuestas de defensores y fiscales, mientras que el director de la Defensa Pública valoró el espacio como una oportunidad para impulsar un mayor uso de los acuerdos en la justicia dominicana.
En el marco de este diálogo interinstitucional, la magistrada Yeni Berenice enfatizó que “hay que buscar un balance entre la reinserción social y la reparación del daño”, subrayando la importancia de que los acuerdos cumplan un doble propósito: favorecer la rehabilitación del imputado y responder a las legítimas expectativas de justicia de las víctimas.
Un punto resaltante fue que la Procuradora General escuchó de manera individual tanto a los coordinadores de la Defensa Pública como a los fiscales titulares presentes, quienes expusieron experiencias prácticas y propuestas para optimizar la aplicación de los acuerdos y garantizar mayor equidad en las decisiones sobre medidas de coerción. Este intercambio de visiones permitió identificar buenas prácticas que se implementan en distintas jurisdicciones, con el fin de fortalecer el sistema de justicia penal.
Por su parte, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, valoró de manera positiva este encuentro, destacando la importancia de socializar el tema de los acuerdos en República Dominicana y subrayando la necesidad de que se logre un mayor porcentaje de aplicación, en comparación con otros países de la región donde estas prácticas han demostrado ser exitosas para la agilización de los procesos y la reducción de la sobrepoblación carcelaria.
Las partes coincidieron en que una gestión responsable de los acuerdos puede reducir significativamente tiempos de tramitación, costos procesales y revictimización, siempre que se garantice información suficiente, asesoría técnica de calidad y control judicial efectiva en cada etapa.
En cuanto a las fianzas y demás medidas de coerción, se abordó la necesidad de criterios uniformes que ponderen el peligro de fuga, la obstrucción del proceso y la proporcionalidad, reforzando a la vez la presunción de inocencia, minima lesividad y el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva.
Se recuerda que en otros países de la región y en Estados Unidos los acuerdos de penas tienen una participación imperante en la conclusión de procesos judiciales:
En Estados Unidos (ámbito federal), el 97.1% de los casos se resolvió mediante declaración de culpabilidad (guilty plea) en 2023.
En México (fuero federal), el 68.7% de las causas penales concluidas en 2022 terminó en sentencia condenatoria por procedimiento abreviado.
En Colombia, el 41.4% de las sentencias de primera instancia en 2023 correspondió a condenas con preacuerdos.
En República Dominicana, la ONDP reportó en 2022 un total de 111 juicios abreviados (52 acuerdos plenos y 59 parciales) dentro de 10,565 casos ordinarios concluidos, lo que equivale a aproximadamente un 1.05% de sus casos cerrados ese año.
