SANTO DOMINGO.-Más de 60 exdirectores regionales, distritales, adjuntos y subdirectores del Ministerio de Educación (MINERD) reiteraron hoy su denuncia sobre la vulneración de derechos laborales adquiridos tras su remoción de funciones, situación que califican como una “injusticia institucional” sin precedentes en más de dos décadas de historia administrativa.
Desde abril de 2025, los afectados han agotado de manera pacífica y documentada todos los pasos correspondientes en los ámbitos político, administrativo e institucional, sin que a la fecha se haya ofrecido una respuesta positiva ni una solución definitiva por parte de las autoridades competentes.
En un encuentro sostenido hace dos semanas con una comisión integrada por más de 60 exdirectores, representantes del Ministerio de Administración Pública (MAP) y del MINERD, se presentaron evidencias sobre distorsiones salariales, trato preferencial hacia determinados sectores y discriminación contra otros servidores públicos que ocupan cargos de la misma categoría, funciones y nivel. Asimismo, se expuso el incumplimiento de incentivos legalmente establecidos, tales como la compensación por evaluación del desempeño docente, la titulación académica y los años de servicio.
De acuerdo con los denunciantes, esta situación tuvo origen durante la pasada gestión del ministro Ángel Hernández y continúa sin corregirse en la actual administración. Los afectados enfatizaron que en más de 20 años no existe precedente de que a directores regionales o distritales se les haya reducido su salario base ni eliminado incentivos que, según la práctica administrativa reiterada, constituyen derechos adquiridos amparados por la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en su Relación con la Administración Pública.
“Estamos agotando con responsabilidad todas las vías institucionales y administrativas. Hemos depositado solicitudes formales de revisión, celebrado reuniones y entregado documentación probatoria. Sin embargo, hasta el momento persiste el silencio administrativo. No descartamos acudir al Tribunal Superior Administrativo o al Tribunal Constitucional si esta situación no se corrige”, expresaron los voceros.
Los exfuncionarios sostienen que la reducción de sus salarios y la eliminación de incentivos afectan de manera directa el principio de equidad, el reconocimiento al mérito profesional y la estabilidad del servicio público, creando además un precedente peligroso para la carrera administrativa en el ámbito educativo.
Recientemente, el MAP, a través del asistente del ministro Sigmund Freund, comunicó la conformación de una comisión mixta MINERD–MAP junto con representantes de los afectados, con el compromiso de estudiar y canalizar una solución al conflicto. No obstante, hasta la fecha, no se ha materializado ningún correctivo ni respuesta oficial que revierta los efectos de la medida cuestionada.
Los exdirectores y subdirectores reiteraron que todos los pasos dados tienen como propósito buscar una salida política, administrativa e institucional que restablezca el respeto a los derechos adquiridos y devuelva la dignidad laboral a quienes han dedicado años de servicio al sistema educativo nacional.
“Esta es una lucha por la justicia y la igualdad. No reclamamos privilegios; exigimos el reconocimiento de lo que en derecho nos corresponde”, subrayaron.
Los reclamantes son dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en sus respectivas demarcaciones y miembros activos del Frente Magisterial José Francisco Peña Gómez.
