SANTO DOMINGO.- El Ministerio de la Mujer, como ente rector de las políticas para la igualdad y pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos de las mujeres en la República Dominicana, expresa su profunda preocupación sobre los consensos anunciados por la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de reforma al Código Penal, al considerar que estos representan un serio retroceso en la garantía de los derechos fundamentales, la protección frente a la violencia y la dignidad de las mujeres.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, afirma que, "a más de dos décadas de intentos por actualizar el marco penal del país, las propuestas en discusión omiten avances fundamentales en materia de derechos humanos y afectan especialmente a las mujeres y niñas, principales víctimas de las distintas formas de violencia y perpetúan su vulnerabilidad”.
El Ministerio de la Mujer recuerda que, conforme a su mandato legal, tiene la responsabilidad de evaluar los marcos jurídicos existentes y proponer modificaciones orientadas a eliminar la discriminación contra las mujeres y garantizar la igualdad sustantiva en las reformas legales, incluida la actual reforma penal.
Por tanto, las recomendaciones que el ministerio ha estado presentando a ambas cámaras legislativas están en correspondencia con su mandato legal y recuerda a las legisladoras y legisladores, que los derechos de las mujeres deben ser progresivos y sustentados en informaciones científicas y en las necesidades de las mujeres. En este sentido, la institución insta a observar opiniones técnicas y especializadas, por encima de intereses particulares que procuran menoscabar los derechos humanos de las mujeres.
“Durante todos los años de debate de esta reforma penal, el Ministerio de la Mujer ha remitido al Congreso Nacional amplias recomendaciones para fortalecer el reconocimiento y la sanción de crímenes y delitos que afectan especialmente a mujeres, adolescentes y niñas, con el objetivo de asegurar un marco normativo robusto y garante de derechos”, puntualiza Jiménez.
Entre los aspectos más preocupantes de la propuesta legislativa conocida a través de los medios de comunicación, la institución expresa con preocupación, que se mantenga la
penalización absoluta del aborto, incluso en las tres circunstancias extremas en que la vida o la salud de la mujer están en riesgo, el embarazo es producto de una violación o incesto, o cuando el feto es inviable fuera del útero, lo cual constituye una violación a los derechos fundamentales de las mujeres y contradice los compromisos asumidos por el Estado dominicano.
El Ministerio subraya la importancia de que la reforma penal establezca la imprescriptibilidad de la violación sexual, permitiendo que las víctimas puedan acceder a la justicia sin importar el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, reconociendo que muchas de ellas requieren tiempo para procesar el trauma y buscar ayuda.
Asimismo, consideró fundamental la tipificación adecuada de la violencia basada en género, incluyendo tipos penales como el feminicidio, el acoso, la violencia de género e intrafamiliar ya que, si estas modalidades no están claramente definidas en la ley, las víctimas enfrentan mayores dificultades para denunciar y obtener justicia, mientras que los agresores pueden eludir su responsabilidad penal.
La ministra Mayra Jiménez destaca que para construir una correcta tipificación y fortalecer la eficacia de las políticas de prevención, sanción y reparación, es indispensable conocer las realidades que enfrentan miles de mujeres en el país e impulsar espacios de consulta con otras instancias del Estado, incluyendo al Poder Judicial, a fin de garantizar una legislación penal que recoja las recomendaciones de todas las áreas especializadas.
El Ministerio de la Mujer reitera su disposición a seguir dialogando con los poderes del Estado y con la sociedad para construir una legislación penal moderna y a la altura de los derechos y la dignidad que merecen las dominicanas.
En ese sentido, hace un llamado al Congreso Nacional a enmendar las propuestas anunciadas y garantizar un Código Penal justo, actualizado y respetuoso de los derechos fundamentales de las mujeres, en línea con los principios constitucionales y los estándares de derechos humanos.
