SANTO DOMINGO.- Más de 30,000 trabajadores formales de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) podrían verse afectados por un proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso Nacional, que plantea excluir a estas empresas del Programa de Jornada Escolar Extendida, a pesar de que han ofrecido este servicio desde su creación, hace más de 15 años.
Así lo denunció este jueves el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), Fernando Pinales, acompañado por los presidentes de federaciones, asociaciones e industrias del sector de alimentación escolar, durante una rueda de prensa.
Pinales advirtió que el proyecto de Ley de Nutrición y Alimentación Escolar contiene aspectos preocupantes, al ignorar los esfuerzos, inversiones y experiencia de las MIPYMES suplidoras del almuerzo escolar. Estas empresas han garantizado, durante años, la alimentación de millones de estudiantes en todo el país, cumpliendo con estándares de calidad certificados por instituciones como el Ministerio de Salud Pública, INDOCAL, PROINDUSTRIA, entre otras.
El dirigente recordó que el plan piloto que propuso la instalación de cocinas dentro de las escuelas fracasó por problemas administrativos, falta de personal capacitado e infraestructura inadecuada, lo que impactó negativamente en la calidad y eficiencia del servicio.
“Insistir en un modelo que ya falló es una irresponsabilidad”, afirmó categóricamente.
Asimismo, señaló que el anteproyecto vulnera el principio de seguridad jurídica, al introducir cambios drásticos en un esquema bajo el cual miles de empresas han operado conforme a las normas vigentes y bajo supervisión estatal.
“La seguridad jurídica implica reglas claras, estables y predecibles, que permitan a las empresas planificar, operar y crecer con confianza. Cambiar el modelo afecta la credibilidad del Estado y envía una señal negativa al clima de inversión nacional”, puntualizó.
Pinales destacó que el modelo actual ha demostrado eficacia y eficiencia, y que excluir a las MIPYMES no solo pone en riesgo miles de empleos, sino que representa un retroceso en materia de desarrollo económico, inclusión productiva y seguridad alimentaria en las escuelas.
CODOPYME advirtió que la instalación de cocinas en los planteles escolares, como contempla el proyecto, podría generar complicaciones administrativas, riesgos operativos y mayores costos para el Estado. Además, comprometería la calidad e inocuidad de los alimentos por la falta de infraestructura adecuada y suministro permanente de agua y energía eléctrica.
En ese sentido, la entidad propuso al Congreso Nacional modificar los artículos 13, 14, 44 y 45 del proyecto de ley.
Finalmente, CODOPYME reiteró su respaldo a la creación de una Ley de Nutrición y Alimentación Escolar, pero advirtió que esta no puede construirse excluyendo a un sector que ha sido clave para el éxito del programa y que constituye una columna vertebral del aparato productivo nacional.
