SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), sometió formalmente una acción de amparo constitucional de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra del Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, por considerar que la imposición obligatoria de audiencias virtuales en los tribunales del Distrito Nacional constituye una violación grave al acceso a la justicia de los ciudadanos y al derecho al trabajo de los abogados.
El presidente del CARD, Trajano Potentini informó que la acción se sustenta en los artículos 62, 69 y 69.1 de la Constitución, fue interpuesta en nombre del gremio por su presidente, el jurista Trajano Vidal Potentini, junto a un equipo de abogados integrado por José Manuel Jerez Tineo, Manuel Emilio Galván Luciano y Julio Ángel Ledesma Suárez.
Potentini argumenta que la Resolución núm. 21-2025, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, así como la Circular núm. 003/2025 de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, al imponer de manera obligatoria el uso de plataformas digitales para la celebración de audiencias, restringe indebidamente derechos fundamentales, tales como el acceso real y efectivo a los tribunales, el debido proceso legal, la tutela judicial efectiva y el derecho al trabajo digno de los profesionales del derecho.
Según el documento sometido, los tribunales ubicados en el Edificio de las Cortes del Distrito Nacional celebran actualmente la mayoría de sus audiencias exclusivamente en modalidad virtual, a excepción de los procesos penales y los embargos inmobiliarios. Esta medida, a juicio del gremio, ha generado serios obstáculos operativos y tecnológicos que afectan tanto a los abogados como a los ciudadanos.
“Los abogados se ven imposibilitados de dar seguimiento a sus expedientes, sufren retrasos injustificados, y enfrentan nuevas trabas tecnológicas y logísticas, como el acceso limitado a los archivos judiciales. Además, la eliminación del rol presencial de alguaciles y las notificaciones electrónicas han incrementado el riesgo de fraudes procesales, afectando la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial”, afirmó Potentini.
El CARD también señaló que esta virtualización forzosa contradice la sentencia TC/0286/2021 del Tribunal Constitucional, la cual declaró inconstitucionales las resoluciones que autorizaron audiencias virtuales durante la pandemia, por vulnerar principios fundamentales del debido proceso y de competencia institucional.
En este contexto, la entidad gremial considera que imponer la justicia virtual como único mecanismo, sin ofrecer alternativas presenciales, margina a un gran segmento de la población que no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios, como acceso estable a Internet, computadoras o electricidad constante, creando una brecha digital que viola los principios de igualdad, contradicción y publicidad procesal.
Asimismo, el gremio denunció que la medida también afecta el derecho al trabajo de cientos de abogados independientes, especialmente aquellos de escasos recursos o de edad avanzada, quienes enfrentan dificultades adicionales para ejercer su profesión en entornos digitales no adaptados a su realidad.
“La justicia no puede ser solo para quienes tienen tecnología. Esta virtualidad forzosa es, en esencia, un cierre parcial de los tribunales para muchos ciudadanos”, recalcó el presidente del CARD.
En su instancia, el Colegio de Abogados solicita al tribunal que declare buena y válida la acción de amparo, que se compruebe la vulneración de derechos fundamentales y que se ordene al Consejo del Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia restablecer de inmediato la presencialidad en todos los tribunales afectados, conforme lo establece la Constitución y la jurisprudencia constitucional vigente.
Finalmente, la entidad pidió al tribunal disponer medidas cautelares que garanticen la efectividad de la protección solicitada, recordando que el procedimiento de amparo permite actuaciones sumarias y urgentes frente a la amenaza inminente de derechos fundamentales.
Trajano Potentini, junto a otros directivos del colegio como, Lucia Florentino, Aurelio Valenzuela, Alfredo Ramírez, Elizabeth Pérez, Marilyn Natera, entre otros miembros del CARD reiteró que no se oponen al uso de la tecnología en la administración de justicia, pero sí a su implementación obligatoria, excluyente y desproporcionada, que lesiona los principios constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho.
