SANTO DOMINGO.-El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) y el Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), a través del proyecto LISS, exigieron al Estado dominicano implementar acciones urgentes para garantizar el acceso pleno a la justicia para las mujeres con discapacidad, así como políticas públicas integrales que aseguren los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes en el país.
Ambas organizaciones denunciaron que las mujeres con discapacidad continúan enfrentando múltiples barreras dentro del sistema judicial, entre ellas la revictimización, la falta de accesibilidad física y comunicacional, así como la ausencia de personal capacitado en materia de discapacidad. “Resulta alarmante que tengan que repetir sus testimonios una y otra vez, generando un desgaste emocional que las lleva a desistir de sus procesos”, advirtieron en un conjunto comunicado.
A estas limitaciones se suma la falta de rampas, ascensores, señalización accesible e intérpretes de lengua de señas en muchos tribunales del país, lo que impide la participación efectiva de las víctimas en los procesos judiciales.
Demandas institucionales específicas
COIN y CIMUDIS solicitaron una serie de medidas concretas a instituciones clave del sistema de justicia, incluyendo:
Poder Judicial: aplicación del Protocolo de Trato Digno para Personas con Discapacidad y capacitación continua del personal.
Ministerio Público: fiscales especializados, intérpretes en todas las fiscalías y simplificación de procesos de denuncia.
Ministerio de la Mujer: actualización de programas de orientación e inclusión de la perspectiva de discapacidad en las políticas contra la violencia de género. Escuela Nacional de la Judicatura: formación obligatoria en discapacidad y accesibilidad.
Defensoría del Pueblo: creación de un mecanismo de monitoreo para casos de mujeres con discapacidad.
CONADIS: articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público para garantizar la accesibilidad en los recintos judiciales.
Enfoque integral en salud sexual y reproductiva para jóvenes
En el marco del proyecto LISS, COIN también presentó un documento de posicionamiento que expone las principales barreras que enfrentan adolescentes, juventudes y personal del sector salud en materia de salud sexual y reproductiva (SSR). Con base en el artículo 61 de la Constitución y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el texto subraya que el embarazo adolescente sigue siendo un problema crítico: en 2023, el 11.8 % de los nacimientos fueron de menores de 19 años, incluyendo 647 niñas menores de 15 años.
Estas cifras se agravan con las desigualdades estructurales: por cada 100 hombres pobres hay 137 mujeres en igual condición. El embarazo precoz interrumpe procesos educativos, genera dependencia económica y limita oportunidades, lo que también implica importantes pérdidas económicas y sociales para el país, según datos del UNFPA y el Ministerio de Salud Pública.
Recomendaciones clave para el Estado dominicano
Las recomendaciones del proyecto LISS se dirigen a: Ministerio de Salud Pública: creación de un protocolo de atención para adolescentes, cobertura médica adecuada, formación contra la violencia gineco-obstétrica y reconocimiento del consentimiento desde los 16 años.
Ministerio de la Mujer: fortalecimiento de la educación sexual integral (ESI) y campañas en comunidades vulnerables.
Ministerio de la Juventud: talleres para familias sobre ESI.
MINERD: formación docente adecuada para impartir ESI contextualizada.
Estado en general: mejorar la difusión de servicios disponibles, superando la falta de información que persiste como barrera.
Compromiso con los derechos humanos
"La justicia y la salud no pueden seguir siendo privilegios. Exigimos un país donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, sin exclusión, sin violencia y sin discriminación", concluyeron ambas entidades.
