SANTO DOMINGO.-Más de 50 organizaciones sociales y fuerzas políticas llamaron al presidente Luis Abinader a asumir con firmeza la realización de la reforma fiscal que el país necesita, pero a que lo haga utilizando los canales que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo y la figura del Pacto Fiscal, escuchando a los todos los sectores e impulsando una propuesta que garantice justicia fiscal.
Las decenas de entidades de la sociedad civil saludaron la acción adoptada por el mandatario, y enfatizaron que es fundamental que la propuesta incluya el diálogo efectivo que incorpore a los sectores populares y que garantice una estructura fiscal más justa y progresiva que asegure derechos, disminuya las desigualdades y que sea sostenible con el medio ambiente, además de promover la reducción de las exenciones fiscales que no aportan al desarrollo social.
De igual manera, adelantaron que se encuentran en el proceso de elaboración de una propuesta de reforma con sentido social y técnicamente sólida, que incorpore de manera formal al debate, un proyecto que garantice justicia fiscal para pueblo dominicano, derogando disposiciones que privilegian sectores y perpetúan mecanismos para de evasión y elusión fiscal; así como también reduzca la creciente deuda pública.
En comunicado de prensa, las organizaciones precisaron que “estamos conscientes de la necesidad que tiene el Estado Dominicano de recaudar más y mejor, creemos que para lograr este propósito es necesario un Pacto Fiscal en el que se genere la confianza entre todos los sectores para contribuir al consenso que garantizará una aplicación exitosa”.
En ese sentido, las entidades destacaron la necesidad de que el Gobierno dominicano, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, asuman los ajustes y la racionalización de gastos superfluos como el barrilito y el cofrecito, al igual que otros de índole clientelar, que deben ser erradicados antes de plantear cualquier mecanismo que sume más carga en la ciudadanía y los sectores productivos.
“Apostamos a un Pacto Fiscal consensuado con propósitos de nación de largo plazo y no de un periodo de gobierno, que posibilite un cambio de cultura clientelar y la disminución de las desigualdades que ha generado el actual sistema económico; garantizando así una mejora de la calidad del gasto público, de los empleos públicos, la reducción progresiva de las exenciones fiscales, la evasión y elusión fiscal”, agregaron.
Institucionalidad
Los sectores sociales exigen el cumplimiento de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, y llaman a que sea sumado una amplia representación de los sectores populares al diálogo, destacando la importancia de que el Estado adopte una actitud imparcial impidiendo que los sectores económicos boicoteen los debates en que no logren mantener sus privilegios.
“No queremos que ahora se abandone la idea de una reforma necesaria, sino que el énfasis esté orientado hacia un pacto que implique a todos los sectores y que se adopte desde el espacio de debate institucional, garantizando un cambio en la lógica regresiva y que la justicia fiscal se traduzca en justicia social” subrayaron.
