VENEZUELA.-El opositor venezolano Edmundo González, rival de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones, ha descartado pedir asilo en ninguna embajada extranjera en Venezuela, pese a la orden de detención que pesa sobre el desde el pasado lunes, tras no presentarse a declarar en tres citaciones.
"En modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada en Venezuela. No se ha pedido el asilo, una situación en calidad de huésped. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo", anunciaba su abogado, José Vicente Haro.
González Urrutia lleva semanas en paradero desconocido, sin presenciarse en su vivienda habitual "por razones de seguridad y protección de su vida", según su letrado.
La Fiscalía le acusa de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración y “sabotaje a daño de sistemas” tras la publicación del 83,5% de las actas de votación del 28 de julio, con las que la oposición asegura la victoria de González Urrutia y denuncia el fraude electoral de Maduro, quien se proclamó vencedor de los comicios.
Rechazo internacional tras la orden de detención
Brasil y Colombia hicieron pública su "profunda preocupación" por la orden de detención, que "dificulta encontrar una solución pacífica" a la crisis, según un comunicado conjunto, en el que aseguran que "esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia".
También mostró su rechazo Washington, a una "orden de detención injustificada" y aseguró sopesar "una serie de opciones" para demostrar a Maduro "que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias", según Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, dejando la puerta abierta a nuevas sanciones.
Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Chile y Uruguay, además de la Unión Europea, a través de su máximo representante diplomático, Josep Borrell, también repudiaron la orden de detención.
