SANTO DOMINGO.- Amnistía Internacional (AI) reaccionó a lo dicho este jueves por la vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, de que en el país no se ejecutan políticas migratorias racistas, al lamentar que esta se limitara a negar la evidencia sobre el maltratado que, según esa organización, sufren ciudadanos haitianos en República Dominicana.
“Valoramos la atención que la vicepresidencia ha dado a nuestras denuncias, pero lamentamos que esta respuesta sea simplemente negar la evidencia. La responsabilidad estatal por los hechos que hemos constatado con testimonios, estadísticas e imágenes es innegable. Resistirse al escrutinio público no solo socava la confianza en el Gobierno, sino que también perjudica a todas las personas que el Estado debe respetar y proteger”, afirmó AI en un comunicadad.
La directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, instó de nuevo al Gobierno dominicano a promover un cambio positivo en su política migratoria, asumiendo responsabilidad y corrigiendo prácticas y políticas racistas que violan los derechos humanos. “Esto incluye el respeto a las obligaciones internacionales del Estado y su gobierno en materia de protección internacional y el cumplimiento del reglamento de la ley migratoria dominicana que prohíbe la deportación de mujeres embarazadas y de menores de edad”, abundó Piquer.
La vicepresidenta Peña rechazó este jueves que ejecute políticas migratorias racistas, y que el país lo que hace es “defender” su “soberanía». Peña agregó que los organismos internacionales “pueden decir lo que ellos quieran decir». Exigió que “respeten la soberanía nacional y las políticas nuestras que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan». “Nosotros tenemos que seguir firmes defendiendo la soberanía nacional y en eso nosotros estamos”, enfatizó la vicepresidenta.
Esas declaraciones de Peña fueron en respuesta a un comunicado enviado el miércoles por Amnistía Internacional en el que pidió al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, priorizar el respeto a los derechos humanos y poner fin a políticas migratorias “racistas”, que afectan principalmente a los haitianos, en su segundo período de Gobierno, que se inició el 16 de agosto.
La organización subrayó “la necesidad urgente” de que las instituciones dominicanas “erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana».
