SANTO DOMINGO.- Francisco Polanco Ureña, procurador adjunto de Corte y titular de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), se suma a una larga lista de fiscales que son investigados por presunto acto de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
La investigación en contra de Polanco Ureña, es llevada a cabo por director de la Inspectoría General del Ministerio Público, José Vitervo Enrique Cabral González, quien luego de concluir la pesquisa entregará los resultados al Consejo Superior del Ministerio Público, que preside la procuradora Miriam Germán Brito.
Una vez el consejo apoderado de la investigación decidirá las medidas disciplinarias que adoptará y si hay indicios o evidencias para someterlos a la justicia ante la jurisdicción de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Mientras que el magistrado Polanco Núñez, quien fue quien dirigió la investigación del Caso Paya, al ser consultado por el Listín Diario sobre la investigación llevada en su contra, rechazó opinar, limitándose a decir que primero tendría que consultar con sus abogados.
En torno al caso una fuente ligada a la investigación reveló a este medio que la pasada semana se interrogó a un grupo y que esta semana se continuará entrevistando a otras personas sobre el particular.
Polanco Ureña fue juramentado como procurador adjunto y, a su vez, titular de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) el 2 de septiembre de 2017.
Polanco Ureña, quien fue fiscal de carrera del Ministerio Público, al momento del nombramiento se desempeñaba como procurador general de corte de apelación adscrito a la entonces Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Su nombramiento se llevó a cabo en el marco del proyecto de modernización y reestructuración de la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico, durante la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez.
Mientras que la Procuraduría General de la República, informó que investigará sobre la filtración hecha sobre un proceso de investigación que actualmente lleva contra un miembro del Ministerio Público.
Reiteró su compromiso con el cumplimiento de las garantías procesales y los derechos que les corresponden a los investigados para tener procesos apegados a la ley.
Recordó “que el proceso disciplinario en curso es algo que no debe ser objeto de información sobre detalles”.
En ese sentido, “En esta Procuraduría, y, particularmente, en la Inspectoría General del Ministerio Público, se respetarán las garantías procesales, sobre todo, la presunción de inocencia”, resalta el documento de prensa.
Agrega que cualquier persona procesada, debe disponer de la información pertinente para ejercer su derecho a la defensa.
La institución también recordó que el artículo 290 del Código Procesal Penal, sobre el carácter de las actuaciones, establece que el procedimiento preparatorio no es público para los terceros. Las actuaciones sólo pueden ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes”.
En ese mismo orden, refirió “que la presunción de inocencia es un principio jurídico relativo a la inocencia de la persona como regla hasta que en el proceso se demuestre su culpabilidad”.
Otro investigado, en la lista de fiscales, se encuentra Soni Adriano Rosario, de la Fiscalía de Independencia, quien fue suspendido y se le vincula de “formar parte de una red dedicada al tráfico de mercancías a través de la frontera” y “mal manejo de los expedientes, evidencias y documentos”.
Asimismo, cuatro fiscales de la Jurisdicción de Santiago, de siete, son investigados en la operación Gavilán, una red de servidores públicos, que además de recibir sobornos, quitaba fichas a presuntos delincuentes, imputados en bandas criminales.
El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, confirmó la investigación, pero dijo que, por el momento, no se ha precisado si estos integrantes del Ministerio Público local serán sometidos, pero sí son parte de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR).
Para este caso hay una magistrada de instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien fungirá como juez control de las investigaciones llevadas a cabo en contra de esos fiscales vinculados a una estructura nacional dedicada a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.
La designación de la jueza para el conocimiento del caso en contra de los fiscales adjuntos, cuyos nombres no se mencionan, es en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
