Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), realizó una multitudinaria marcha, por los 19 años de violación a la independencia de la justicia, que obliga al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República a mendigar al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional la entrega de recursos necesarios para mejorar las condiciones de jueces y fiscales, a pesar de que sus partidas, equivalentes al 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional para el sector justicia en el 2022, están contempladas en la la Ley 194-04, de Independencia y Autonomía Presupuestaria.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, afirmó que el Poder Ejecutivo coacciona y obliga al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República a presentar proyectos de presupuestos muy por debajo de los porcentajes dispuestos por la Ley 194-04, no solo plasmando el nivel de sumisión y dependencia de la justicia, sino generando las falencias y deficiencias en la administración de justicia, que es la principal causa de que existan 18 mil presos preventivos en condiciones infrahumanas, con procesos que se eternizan por falta de fiscales, jueces y personal que no son contratados, por falta de recursos.
“Las limitaciones de recursos han imposibilitado la puesta en funcionamiento de más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales, que gran parte de los actuales laboren en condiciones deplorables, que los titulares y otros servidores del Ministerio Público reciban salarios pírricos y carezcan de condiciones para perseguir el crimen", dijo el jurista.
Surun Hernández manifestó que la carencia de recursos también ha estancado la contratación de mil 200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto, situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial.
El gremialista dijo que en la República Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria.
Asimismo, valoró el inicio del acatamiento por parte del Poder Judicial, de la sentencia TC/0286/21,que establece que la presencia física de las partes en la audiencia, es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Carta Magna.
El jurista agregó que el Colegio de Abogados continuará la lucha en favor de la independencia presupuestaria del Poder Judicial y en contra del desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró las audiencias virtuales como inconstitucionales y violatorias al debido proceso y a la tutela judicial.
Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria
El artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece que el Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), será por lo menos de unos cuatro puntos diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.
