Santo Domingo. -Gómez Ramírez respaldó la posición del presidente Luis Abinader ante la subsecretaria de Estado de la Estados Unidos, Wendy Sherman, en el sentido categórico y claro de que no hay una solución dominicana al problema haitiano, y que corresponde a la comunidad internacional actuar para pacificar a Haití y crear un clima propicio para que se puedan levantar columnas institucionales que permitan la estabilidad y el desarrollo de ese pueblo.
El presidente del Instituto Duartiano dijo que el pueblo dominicano rechaza el despropósito puesto en práctica por órganos de prensa, agencias, funcionarios, congresistas y otras entidades norteamericanas que procuran desacreditar a nuestro país, ejerciendo sistemáticas presiones en interés de frenar el ejercicio soberano que le asiste a la República Dominicana de aplicar sus leyes migratorias y repatriar a todo extranjero ilegal o indocumentado que se encuentre en su territorio.
“Entendemos que es necesario adoptar medidas para controlar de manera más eficaz la creciente presencia haitiana que presenta nuevas modalidades, como las marcadas inversiones haitianas, incluyendo áreas emblemáticas culturales e históricas, el arribo descontrolado de numerosas familias en residenciales capitalinos de todo tipo y un vivo activismo de organismos internacionales que movilizan tours de parturientas con niños desde la vecina nación hacia puntos de esos organismos localizados en zonas residenciales”, señaló.
Gómez Ramírez precisó que, desde dichos puntos, las parturientas son distribuidas en los distintos centros hospitalarios públicos dominicanos, sin que se haya producido una reacción al respecto por parte de las autoridades, “lo que sí es cierto es que se estimula para que la situación continúe su ascenso, pues mientras aquí no se establece una tarifa para cobrar estos servicios y el Estado asume el costo total, en Haití el parto normal cuesta más de 300 dólares”.
Asimismo, apuntó que las autoridades del Registro Civil reciben declaraciones de parturientas indocumentadas, y el Ministerio de Salud Pública obliga al personal médico a hacer uso del creole y distribuye entre las embarazadas literaturas en esa lengua.
Manifestó que la gravedad de la situación queda radiografiada cuando las estadísticas del propio Ministerio de Salud Pública revelan que en el 2021 y 2022 se registraron en las camas dominicanas 73 mil 526 partos de mujeres haitianas, de los cuales aproximadamente el 33 por ciento ameritan cesárea, lo que gravita para elevar los costos.
