Redacción Internacional.– La empresa brasileña de inversiones DIS ha exigido una multa de 149 millones de euros (más de 145 millones de dólares) y una pena de prisión de cinco años para el futbolista brasileño Neymar da Silva Santos Júnior, acusado de fraude en su fichaje al Barcelona desde el Santos en 2013, informa Reuters.
Su juicio comenzará el lunes del 17 de octubre en un tribunal de Barcelona, España. Además del futbolista, entre otros acusados de corrupción, soborno y fraude, se encuentran los padres del jugador, los dos clubes, los expresidentes del Barcelona Josep Bartomeu y Sandro Rosell, así como el expresidente del Santos Odilio Rodrigues.
Baker McKenzie, el abogado defensor de Neymar y su familia en el caso, adelantó que argumentaran que los tribunales españoles "no tienen jurisdicción para procesar" a los familiares del futbolista.
Motivos del juicio
El caso se remonta a una denuncia de DIS, que poseía el 40 % de los derechos de Neymar cuando jugaba en el Santos. La empresa de inversiones sostiene que no recibió la parte que le correspondía por el traspaso debido a que se subestimó el valor real de la operación
De manera oficial, el Barcelona valoró el fichaje de Neymar en 57,1 millones de euros: 40 millones para la familia del deportista y 17,1 a repartir entre el equipo brasileño y el grupo DIS. Sin embargo, la Justicia española estimó que la suma final del acuerdo es de al menos 80 millones de euros.
Neymar ha negado todas las acusaciones, pero perdió una apelación ante el Tribunal Supremo español presentada en 2017.
"El jugador no es un servicio"
La compañía denunciante adquirió los derechos de Neymar cuando él tenía 17 años por 2 millones de euros. DIS insiste en que la venta del jugador al Barcelona fue muy inferior a su valor real de mercado.
"Los derechos de Neymar no se han vendido al mejor postor. Hubo clubes que ofrecieron hasta 60 millones de euros", señaló el abogado de la compañía, Paulo Nasser.
Por su parte, la defensa de Neymar afirma que las reglas de competencia se relacionan con productos y servicios y no se aplican al mercado de los jugadores. "El jugador no es un servicio ni una mercancía. Es una persona de su propia voluntad", argumentó McKenzie.
