La Conferencia Episcopal venezolana pidió ayer al presidente Nicolás Maduro que retire la convocatoria para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, que a juicio de los obispos no servirá para resolver la escasez alimentaria y de medicamentos ni la grave crisis política que vive el país.
En una carta dirigida al mandatario, la jerarquía católica del país le dice a Maduro que es "urgente" además que reconozca "la autonomía de todos los poderes públicos" y de manera especial la del Parlamento y la Fiscalía General, dos instituciones a las que el Gobierno ha acusado de golpismo.
Firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Diego Padrón, y por otros cinco obispos y arzobispos, la misiva solicita también a Maduro que cumpla "los acuerdos que se alcanzaron en la primera ronda de diálogo con la oposición", en referencia a la fracasada negociación auspiciada el año pasado por El Vaticano.
En ella, la Santa Sede pidió al Gobierno venezolano la convocatoria de elecciones, la liberación de los opositores presos, la puesta en marcha de medidas para aliviar la crisis económica y la retribución plena de los poderes del Parlamento, de mayoría absoluta opositora y declarado "en desacato" por el Tribunal Supremo.
La Conferencia Episcopal envía esta carta días después de que calificara de "dictadura" al Gobierno del país y alertara de que el proceso activado por el oficialismo para redactar una nueva Carta Magna servirá para "constitucionalizar una dictadura militar socialista, marxista y comunista".
El Poder Electoral convocó para el 30 de julio próximo a la elección de los constituyentes mientras que la oposición ha llamado a participar en una consulta popular para este domingo en la que se preguntará a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa Maduro.
La Iglesia católica venezolana ha anunciado que cederá sus edificios como centros de votación en la consulta opositora, que pregunta también a los ciudadanos si quieren que se convoquen nuevas elecciones.
Venezuela está sumida en una ola de protestas ciudadanas que ya tiene más de tres meses y han dejado hasta ahora 91 muertos que han sido convocadas por la oposición para, entre otros objetivos, detener un proceso constituyente que tachan de "fraude" al no haber sido sometido a un referéndum previo.
En una de estas acciones de protesta, ciudadanos contrarios al Gobierno cerraron hoy numerosas calles y vías públicas en ciudades de todo el país y paralizaron por completo municipios enteros de la capital.