Amnistía Internacional (AI) y el Foro Penal Venezolano confirmaron ayer que los 100 días de protestas estuvieron acompañados de graves violaciones a los derechos humanos. Desde torturas y detenciones selectivas hasta abusos sexuales denunciados ante la Fiscalía, todo ello dentro de una "estrategia planificada por parte del Gobierno de utilizar violencia y fuerza ilegítima contra la población para neutralizar cualquier crítica", sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Violaciones que en su propia piel sufren desde hace meses los 19 "rehenes" del Gobierno y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que permanecen encarcelados en Caracas pese a que los jueces han decretado su libertad. Catorce de ellos, policías del municipio caraqueño de Chacao, cumplen 17 días de huelga de hambre y casi un año con su libertad no ejecutada. "Nuestro cuerpo está débil, pero nuestra alma y convicción de justicia y libertad está intacta", transmitieron ayer a través de sus familiares.
Los agentes fueron detenidos acusados de participar en la muerte de un periodista revolucionario. Todas las pruebas confirman que nada tienen que ver en un crimen que, según los investigadores, es obra del hampa, como tantos otros en Caracas.
"El poder de detenerlos y liberarlos lo tiene el vicepresidente (Tareck El Aissami es legalmente la máxima autoridad del Sebin) y el Ejecutivo", protestó ayer Alfredo Romero, director del Foro Civil, señalando directamente a Maduro y a su mano derecha en el Gobierno.
La Fiscalía General de la República también ha intercedido por ellos con una acción de restitución de libertad, al igual que los otros cinco civiles, entre quienes se encuentra el hispanovenezolano Yon Goicoechea, dirigente de Voluntad Popular (VP), partido de Leopoldo López.
"Mi situación es asfixiante. Yo ni siquiera tengo el consuelo de poder contar el tiempo, porque yo puedo estar aquí una semana o toda la vida. No tengo sentencia, no se me acusa formalmente de ningún delito, ya tengo una orden de libertad desde hace meses. Mi situación no es la de un procesado judicial, sino la de un secuestrado", explicó Goicoechea a preguntas de EL MUNDO. Este dirigente opositor concita las iras del chavismo desde que en 2007 encabezara el movimiento estudiantil que derrotó a Hugo Chávez en un referéndum constitucional.
Grotesco, inexplicable, increíble… Los calificativos se estiran entre abogados y defensores de derechos humanos para explicar la situación de 19 personas que deberían estar en la calle desde hace meses. Como el propio Goicoechea, que posee su excarcelación desde octubre tras demostrar su abogado que las acusaciones contra él eran falsas.
Para hacerlo aún más rocambolesco, la vicefiscal nombrada ilegalmente por el Supremo "debutó" ayer con un escrito de revisión de medidas desde su búnker en el Tribunal Supremo. Katherine Harington se coló el viernes pasado en la sede de la Fiscalía escondida en el maletero de un vehículo. Fue expulsada a los pocos minutos.
Romero insistió ayer en otra cifra: 431. Son los presos políticos que hay actualmente en Venezuela, cuando todavía queda por saber qué pasará con las 1.140 personas que permanecen encarceladas de las 3.666 que fueron detenidas por las protestas.
Fue precisamente Romero quien dio a conocer los casos de abusos sexuales contra cinco universitarias de Maracay. "Las manosearon dentro de las blusas con los sostenes abiertos, incluso trataron de introducir objetos en sus zonas íntimas sin quitarles la ropa. Eso lo tienen los tribunales y la Fiscalía", añadió el director del Foro Penal.
El balance general al cumplirse 100 días de protestas sirve para medir la dimensión de la rebelión popular en Venezuela. Según el Observatorio de la Conflictividad Social, se llevaron a cabo 4.182 manifestaciones, 42 por día, no sólo políticas, también para demandar alimentos y medicinas. Las cifras oficiales de la Fiscalía sostienen que son 92 las víctimas mortales, pero las del Observatorio las elevan hasta 111.
En su informe, AI destaca que el hecho de que quienes opinan diferente sean las únicas personas a las que se tilda de terroristas, a quienes se impide protestar y contra los que se usa una "fuerza ilegítima", es prueba de una "estrategia para silenciar el creciente descontento social en Venezuela".
