REDACCIÓN.- Cada 2 de junio se conmemora el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, una fecha que busca visibilizar la lucha de las personas que ejercen el trabajo sexual por sus derechos humanos, laborales y sociales. Esta efeméride nació como respuesta a décadas de exclusión, estigmatización y violencia sistemática contra quienes se dedican al comercio sexual en todo el mundo.
La historia de esta fecha se remonta al 2 de junio de 1975, cuando más de 100 trabajadoras sexuales ocuparon la iglesia de Saint-Nizier en Lyon, Francia, como forma de protesta por los abusos policiales, detenciones arbitrarias y condiciones de vulnerabilidad que enfrentaban en las calles. Esta huelga pacífica se extendió por varios días y generó una ola de solidaridad y movilización en otras ciudades europeas, marcando un precedente en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales.
Desde entonces, diversas organizaciones feministas, de derechos humanos y movimientos pro-derechos han adoptado esta fecha como un momento clave para reflexionar sobre la situación de las personas que ejercen el trabajo sexual en condiciones precarias, sin reconocimiento legal ni protección laboral adecuada.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el trabajo sexual como “la prestación de servicios sexuales a cambio de una remuneración económica o en especie”, aclarando que el consentimiento y la voluntad de quien lo ejerce es un factor clave para diferenciarlo de situaciones de trata o explotación sexual. Este trabajo puede ser realizado en la vía pública, burdeles, clubes nocturnos, a través de plataformas digitales o de forma independiente.
Las personas que ejercen el trabajo sexual pertenecen a una amplia diversidad: mujeres cisgénero, mujeres trans, hombres, personas no binarias y migrantes. A menudo, enfrentan múltiples formas de discriminación por su género, orientación sexual, situación migratoria, nivel socioeconómico y ocupación.
Según informes de ONUSIDA, en 2023 se estimaba que había más de 42 millones de personas en el mundo dedicadas al trabajo sexual, aunque se reconoce que el subregistro es significativo debido al carácter informal y clandestino del sector en muchos países. De este total, el 80% son mujeres, y una proporción considerable trabaja en contextos marcados por la pobreza, la desigualdad de género, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos.
La violencia institucional sigue siendo una de las principales preocupaciones: muchas trabajadoras sexuales son víctimas de agresiones por parte de las fuerzas del orden, extorsiones, detenciones sin justificación o discriminación en centros de salud. La criminalización del trabajo sexual en numerosos países solo agrava esta situación, ya que impide el acceso a la justicia, atención médica digna y protección social.
Existen distintos enfoques legales hacia el trabajo sexual en el mundo: criminalización total, criminalización parcial, legalización regulada o despenalización completa. La despenalización, promovida por organismos como Amnistía Internacional y la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), es vista como el modelo más efectivo para garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales sin fomentar la trata ni la explotación.
Países como Nueva Zelanda han despenalizado completamente el trabajo sexual, lo que ha permitido mejoras sustanciales en las condiciones laborales, acceso a salud y reducción de la violencia. Por otro lado, en América Latina, algunos países como México, Colombia y Argentina reconocen parcialmente ciertos derechos, aunque persisten contextos de criminalización y marginación.
En la República Dominicana, el trabajo sexual no está penalizado explícitamente, pero tampoco está regulado ni protegido legalmente, lo que coloca a las trabajadoras sexuales en una zona gris donde prevalece la informalidad y la vulnerabilidad.
La Ley 137-03 sobre tráfico y trata de personas es la normativa más cercana en esta materia, pero se enfoca en la represión de la explotación, sin distinguir claramente entre trata y trabajo sexual voluntario.
La organización MODEMU (Movimiento de Mujeres Unidas), con más de dos décadas de trabajo en el país, ha sido pionera en la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. Esta agrupación ha denunciado reiteradamente los abusos policiales, la extorsión, la negación de servicios de salud y la discriminación en espacios públicos y privados. Además, han llevado a cabo campañas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como talleres de empoderamiento y formación en derechos humanos.
Según datos del propio MODEMU y de ONUSIDA, se estima que existen entre 80,000 y 100,000 trabajadoras sexuales en la República Dominicana, muchas de ellas madres solteras y cabezas de hogar. La mayoría no tiene acceso a servicios de salud integrales ni cuenta con mecanismos de protección frente a la violencia, lo que las convierte en uno de los sectores más expuestos socialmente.
Esta conmemoración es una oportunidad para visibilizar y cuestionar el estigma histórico que rodea a esta actividad. Lejos de fomentar su idealización, el objetivo es reconocer el derecho de toda persona a ejercer un trabajo de forma voluntaria, digna y segura, sin ser criminalizada ni violentada por ello. La dignidad no puede depender de la ocupación que se ejerza, sino del respeto de los derechos humanos fundamentales.
En un país como la República Dominicana, donde las desigualdades sociales y de género persisten, es urgente abrir un debate amplio y plural sobre el trabajo sexual. Esto incluye escuchar las voces de quienes lo ejercen, garantizarles acceso a servicios de salud, protección contra la violencia institucional y la posibilidad de organizarse colectivamente, como cualquier otro grupo laboral.
